Últimamente se ha puesto en la bandeja de la conversación la incomodidad que causan los esquemas de seguridad dentro de los proyectos político electorales en nuestro país. El caso García Luna y otros, que a lo largo de la historia han arrojado personajes bastante controversiales y oscuros han sido los talones de Aquiles dentro de los ejes de seguridad de cada gobierno, en todos los niveles.
En la actualidad, y derivado de una falta de definición por parte del gobierno federal, vivimos una ola de violencia sin precedente y que cada día rebasa los índices históricos de impunidad, tanto estadísticamente como en medición de grados de violencia.
Y la respuesta por supuesto ha sido nula, derivado de este esquema adoptado por el gobierno federal de Abrazos no balazos y que ha nulificado tanto las estrategias de seguridad implementadas —que también eran muy endebles— por los gobiernos anteriores y que en la actualidad vivimos estas consecuencias con los indicadores mencionados.
Y este tema se repite, de manera constante, en todos los niveles de gobierno, es decir, los esquemas estatales y municipales constantemente repiten los errores que desde los altos niveles de la política son frecuentes.
El tenor de este problema es que se intenta emular el esquema federal de seguridad, militarizando la seguridad pública y por otro lado, teniendo una visión muy punitiva de la misma, buscando la persecución y sin privilegiar el conocimiento del terreno en el cual trabajan, con esquemas de prevención acordes a la realidad que se vive.
El oportunismo con que algunos personajes intentan accesar al mundo de la política es vender esquemas de seguridad “disruptivos” y “novedosos” que son la “panacea” y que se adornan con discursos llenos de lugares comunes y de visiones que en ese afán de buscar ejes de política pública, desgraciadamente compran los políticos de carrera con tal de ganar una elección, sin vislumbrar o prospectar que en efecto, la seguridad puede ser la piedra en el zapato de su proyecto político personal.
La política de seguridad no se construye desde arriba, sino desde abajo desde lo local. Es una conjunción de visiones, de trabajo de campo, de participación de todos los actores sociales y culturales, que da como resultado la integración de un eje de seguridad integral basado plenamente en el conocimiento de los primeros funcionarios del estado mexicano, es decir los policías.
Los primeros especialistas en seguridad son los policías quienes viven el diario devenir y acciones tiene el ciudadano y salen a combatir la inseguridad con lo que se les da y no necesariamente con las herramientas deseables. Y es ahí donde se deben de basar los esquemas de trabajo y seguridad, con la participación de los primeros actores que intervienen de manera directa la cotidianeidad de la ciudad, del estado o del país.
En la realidad de la vida de una ciudad obviamente esto no sucede, el mando no se echa un clavado en el recurso humano con que cuenta para observar y valorar quiénes son los funcionarios más capacitados para poderlos integrar en esos esquemas de elaboración del trabajo y sin embargo, les siguen imponiendo planes de trabajo ilógicos, irracionales, fuera de las realidades sociales y culturales de un territorio y con pocas posibilidades de aplicación.
Utilizar el eje de seguridad como bandera política es comprometerse con una realidad que se dice conocer perfectamente y el involucramiento de los trabajadores de la seguridad debe ser una norma, para elaborar planes de gobierno acordes a la realidad delictiva, social y prevención que hay en toda ciudad. No se puede aislar o segregar a quien se puede convertir en la piedra toral del detonante de toda ciudad, es decir el policía.
Es en este punto, donde los políticos deben de cuidar a qué actores les acercan para trabajar estos puntos medulares. El plan de seguridad es el que dará certeza a toda la plataforma política de un proyecto a corto y mediano plazo. Es el que puede garantizar ganar una elección, reelección o aspirar a un encargo más grande, si se tiene la aspiración.
Sin el mínimo cuidado se pueden acercar personajes que en lugar de abonar a un proyecto, lo minan, quizá por un desconocimiento del territorio, quizás el poco trabajo de campo y de observación que hayan realizado, teniendo una visión sesgada y corta de la realidad que se vive y que quizá miren el proyecto como una plataforma para un encargo futuro, sin comprometerse en los hechos con el plan de gobierno actual.
Porque en el discurso cualquiera se puede comprometer. Cómo ha venido pasando en muchos municipios o estados.
Recordemos casos tan mediáticos como el aludido García Luna, que está siendo procesado en Estados Unidos por su cercanía y complicidad con el crimen organizado, personajes como Arturo Durazo Moreno, el tan afamado y oscuro jefe de la Policía del Distrito Federal que se convirtió en la sepultura política de José López Portillo y Pacheco, presidente de México entre 1976 y 1982, y más recientemente los casos de Alfonso Durazo y Ricardo Mejía Berdeja, exfuncionarios de Seguridad en el gabinete federal actual, que se decían comprometidos con la encomiendas dadas por el presidente y que terminaron renunciando al proyecto en búsqueda de una posición política más alta, dejando a la deriva un proyecto de seguridad que día con día se ve debilitado ante los poderes fácticos que gobiernan este país.
Es por ello que es necesario echar andar de una manera funcional los servicios profesionales de carrera policiales en los estados y municipios.
Crear los cuadros de aspirantes que en el futuro puedan ocupar los encargos y mandos en la materia y cumplir con aspiraciones operativas, es decir con méritos tanto operativos, como académicos para poder aspirar a ocupar los cargos de importancia sin que el poder político alcance a debilitar estas posiciones, que son ocupadas por recomendados sin la mínima experiencia en la materia.
Y es preciso blindar —como en algún momento me lo manifestó un Secretario de Seguridad Pública estatal— un proyecto de seguridad a largo plazo. Las inevitables alternancias en el poder por parte de los partidos políticos interrumpen los procesos de trabajos iniciados en un periodo y sin dudarlo al llegar otro color, estos se ven truncados por la necesidad de que las dependencias de seguridad se conviertan en plataformas de lanzamiento político o de agencias de colocación de personas sin vocación de servicio, pero sí, como un favor político o cuota de campaña.
El remate…
En materia local, siguen las pugnas en Morelia entre la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán y la Comisión municipal de Seguridad Ciudadana quien tiene el control de la Policía Morelia. Ahora son los operativos de alcoholímetros, el motivo de la pugna.
En este sentido debemos apelar a la coordinación de las entidades porque quienes pagamos la poca o nula colaboración entre las dependencias de seguridad somos los ciudadanos, quienes día con día vemos los constantes accidentes, las quejas y el crecimiento de los índices delictivos y de desorden social que hay en Morelia.
Dejar la soberbia, apelar a los oficiales quienes son los que trabajan en calle y dejar a un lado los discursos políticos o comunicados en redes sociales.
Los titulares de ambas instituciones de seguridad deben dejar trabajar a los que sí saben de su oficio: los policías.
