En una semana muy convulsa, donde la credibilidad de los procesos de seguridad de México es muy cuestionable – García Luna y la “lejanía de Felipe Calderón”- , donde esta ha sido la idea que ha tomado el presidente actual y que es su pretexto favorito, para recurrir a la militarización de la seguridad en México.
Y precisamente cuando el propio ejecutivo federal, intenta seguirnos confirmando que el mejor control de la seguridad lo tienen en sus manos los militares, ocurren dos sucesos que vienen a demostrar lo contrario: La masacre de civiles en Nuevo Laredo y el consumo de cocaína por parte de elementos de la Guardia Nacional en Caborca. Dos hechos deleznables que sin duda, demuestran el libertinaje y discrecionalidad con que las Fuerzas Armadas están actuando hoy en día.
Hasta el momento, se han documentado por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 1468 quejas en contra de militares, lo cual se puede desglosar en 116 indiciados que pertenecen a la tropa ((soldados, cabos y sargentos), 23 oficiales (subtenientes, tenientes y capitanes) y 15 jefes (mayores, tenientes coroneles y coroneles).
Hasta ahora, sólo han sido sentenciados 19 elementos de tropa, un oficial y tres jefes, y fueron absueltos 8 de tropa, un cadete, cinco oficiales y 2 jefes y mientras que 14 integrantes de tropa y dos oficiales están prófugos.
Los números son alarmantes, tomando en cuenta que México se supone que es un país donde la seguridad interior es controlada por un “régimen civil”, claro en la letra y en la Constitución. Pero la realidad indica otras perspectivas y los casos violentos documentados que han ocurrido, nos ilustran otra realidad: Los militares tienen el control político de este país y pueden hacer lo que les plazca.
Los controles democráticos sobre las Fuerzas Armadas han desaparecido por completo en México.
Lo que aconteció hace poco en Nuevo Laredo (éste es el segundo caso de civiles acribillados por las Fuerzas Armadas en esa ciudad, en la administración federal actual) demuestra una vez más lo errática que es la renuencia de la Presidencia a trabajar por nuestra seguridad por la vía civil y dejar a los militares a cargo, sin controles y sabiendo que tienen nula experiencia en materia de seguridad pública y menos de justicia penal.
En esas condiciones los convierte en primeros respondientes, en el eslabón clave para preservar la escena del delito y los indicios que deben convertirse en evidencia para ser el motor de la justicia penal reformada. Y ante ello, entra la discrecionalidad de las actuaciones al convertirse en juez y parte de algo que es indefendible.
Las declaraciones de Adriana Hernández son espeluznantes, se trata de una ex litigante de la SEDENA, quien renunció a la institución tras denunciar las irregularidades en la actuación de militares frente a civiles, el bloqueo de investigaciones sobre violaciones a derechos humanos y todo el acoso que sufrió por intentar terminar con la impunidad de militares que abusan y maltratan a civiles a lo largo y ancho del territorio mexicano.
Adriana lo dio a conocer a la opinión pública y el Presidente, como es su costumbre con el fuero militar no hizo absolutamente nada.
La militarización es alarmante, pero además todo esto sucede en un entorno todavía más preocupante de creación de una institucionalidad centrada en una sola persona: la figura presidencial, totalitaria e incluso divisora de la ciudadanía.
Estamos volviendo a lo que nos costó tanto tiempo y dolor, superar como sociedad, que es la figura presidencial y la entrega de los controles de poder a un grupo privilegiado que quizás por el uso de las propias armas, busque preservar el mismo al costo que fuere. Por ello la insistencia de extinguir a un órgano electoral.
Volvieron los tiempos en que el Presidente tiene poder ilimitado, nombra a una ministra en la SCJN derivado de un pago político en especia y la privilegia y defiende incluso ante los vergonzosos actos de deshonestidad que ha cometido, además de someter al poder legislativo.
La directa transición hacia el autoritarismo y miltarismo que está llevando a cabo el Presidente es incontestable, que ha llegado al colmo del cinismo cuando se descalifica a cientos de miles de mexicanos, que salieron a las calles el domingo pasado para exigir que se respete la institucionalidad democrática que desde el gobierno federal intentan minar cada día más.
¿Qué se jactan los seguidores del Presidente, que dejaron que la marcha transcurriera sin represión?
Porque había demasiados medios para reprimir por esa vía, la que él vivió y ahora reproduce, para eso tiene el Presidente su conferencia de prensa y su circo mediático.
Nada que agradecer al Presidente, porque lo normal en una democracia es no reprimir. Lo que sí se agradecería es que no hubiera reprimido a las madres de desaparecidos por el Ejército que se manifestaron el Día del Ejército, ellas no tenían los reflectores encima, ni un defensor que estuviera al tanto de su situación.
El Presidente cada mañana ataca a la prensa, a la academia, a las organizaciones civiles, a las víctimas del delito, a las mujeres, a todo aquél que no piensa como él, de hecho ataca a toda persona que piensa y analiza.
¿Hacia dónde vamos en este país?
Seguridad militarizada, crimen organizado operando a todo lo que da en el país, un presidente autoritario sin límites y un órgano electoral reducido a su mínima y paupérrima expresión.
México es un país surrealista, lo decía Luis Buñuel, y hoy en día se confirma cada día.
El remate…
Hay mandos policiales que aludiendo a que la seguridad se está politizando , que los actores políticos no los dejan laborar y ruegan que se les deje trabajar, tratando de justificar sus pobres resultados, los reales, no los que se inventan por medio de cifras maquilladas, con declaraciones fuera de lugar y con situaciones fáciles de rebatir.
Hemos de aclarar este punto, donde de inicio, si no fuera por esos políticos, no estuvieran colocados al frente de una corporación.
Esta perspectiva es tomando en cuenta que hay una infinidad de policías con un servicio profesional de carrera, superior, dedicados plenamente al trabajo de campo, al real, al que da resultados y que no son contabilizados por cifras irrisorias. Ellos no se la pasan haciendo política, tampoco se la pasan en actos políticos y por otro lado huyendo de corporaciones donde evidentemente la propia política no les va a favorecer.
Ahí está la respuesta, no siempre el mando va con los méritos operativos y en los municipios es más que evidente. Siempre, siempre la política va a ir con una influencia, por encima del servicio de carrera, si ese que esta olvidado en un escritorio de recursos huamnos policiales.
José Alberto Guerrero Baena Doctorante en Política de Seguridad Universidad de Sussex, Reino Unido, Analista y Consultor en Seguridad Pública, construcción de Policía e Integrante y Coordinador en Michoacán del Observatorio de la Guardia Nacional y Militarización de México.
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