Este sexenio está llegando a su fin. Una vez más, continuará la herencia secular de escuelas abandonadas, olvidadas, “de palitos”, sin mantenimiento preventivo ni correctivo, faltas de servicios básicos, de baños, drenajes, techumbres, agua potable, electricidad, rampas para personas con discapacidad, equipamiento, conectividad, mobiliario, aires acondicionados y muchos aspectos específicos más.
Resulta imposible culpar a una sola administración pública federal de todo el rezago en el cual se ha incurrido desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, así como desde la creación de la Secretaría de Educación Pública, en 1921. Sin embargo, cada sexenio, el gobierno entrante recibe la responsabilidad de dejar las instituciones mejor que como las recibieron, lo cual difícilmente se puede corroborar en este periodo 2018-2024, máxime que las circunstancias coyunturales demandaban acciones extraordinarias, sin precedente en la historia de la política educativa nacional. Sin embargo, lo anterior no ocurrió.
Contrariamente al discurso oficialista, referido al bienestar de la ciudadanía y a generar sistemas educativos estatales modelo, como se comprometió en el caso de Michoacán de Ocampo, el gobierno federal de este sexenio queda a deber inmensamente en cuanto respecta a acciones e inversiones que pudieron haber revertido, parcial o totalmente el histórico rezago en materia de infraestructura física educativa, mantenimiento preventivo y correctivo, así como en equipamiento y conectividad.
Los indicadores no mienten: el rezago persiste y los programas que supuestamente tendrían finalidades de revertir la miseria en materia de infraestructura no demostraron la efectividad esperada. La inefectividad, la corrupción y la simulación que se incubaron en programas como La Escuela Es Nuestra y la serie de programas de becas, apoyos directos y recursos pulverizados exhibieron que fueron políticas públicas imprecisas e ineficientes, que no alcanzaron los objetivos originalmente planteados.
Ante la situación anteriormente descrita, quien llegue a la presidencia de México debe de garantizar los derechos de las niñas, niños y jóvenes a estar, aprender y participar en las escuelas, las cuales deben convertirse en espacios dignos, seguros y propicios para el ejercicio pleno de las garantías constitucionales de los integrantes de la comunidad educativa.
Este gran objetivo debe comenzar por un diagnóstico fehaciente del estado que guarda la infraestructura escolar, para informar a la nación y diseñar la política pública correspondiente en la materia, partiendo de conocer la realidad de parte de quienes verdaderamente conocen el estado que guardan las escuelas mexicanas: los estudiantes, los maestros y los padres de familia.
Asimismo, también debe de centralizar el gobierno entrante la realización de una consulta participativa, para que sean las necesidades más sentidas de cada comunidad escolar las que se atiendan inmediatamente, así como un diagnóstico, asegurando un presupuesto histórico para revertir la inercia negativa con la que recibirá las escuelas de la nación.
Por supuesto, en el marco de sus atribuciones constitucionales el gobierno entrante debe de realizar una auditoría integral forense a las acciones de este gobierno: recursos humanos, recursos financieros y obra pública deben de ser revisados de la manera más exhaustiva posible, para que se rindan cuentas respecto al manejo de las finanzas educativas en la materia.
Inexplicablemente, la eficiencia transversal en el ejercicio del gasto fue un concepto prácticamente olvidado en toda la administración de AMLO, lo cual ha generado muchas observaciones y críticas en temas particulares. En el caso de la infraestructura física educativa, se decidió olvidar las economías de escala, las compras consolidadas y se emprendió una campaña de pulverización de los recursos, lo cual jerarquizó el uso político-clientelar de este tipo de programas, como fue el caso de las becas, subordinando las inversiones en infraestructura y equipamiento.
Los asuntos públicos no se resuelven solos: es necesario elevar la voz desde todos los sectores sociales para que los políticos en campaña y funcionarios se involucren en la problemática hasta resolverla cabalmente.
En Michoacán de Ocampo es justamente el momento en el cual debemos hacer el llamado a que los candidatos a presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, diputaciones locales y federales, senadurías y la presidencia de la nación se comprometan profundamente con las niñas, niños y jóvenes de nuestra entidad federativa para que salgamos del rezago histórico.
Por lo anterior, la educación está en campaña y nuestro voto debe ser razonado, centralizado en los derechos de las generaciones en formación. ¡Merecemos un gobierno educador!
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
