Al parecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de los escándalos de la ministra Esquivel Mossa, tiene un afán de seguir complaciendo a las Fuerzas Armadas y a la política militarista de la Presidencia de la República en materia de seguridad, para compensar todos los “agravios” sufridos por la citada ministra.
Sin dudarlo, hoy podemos señalar que Andrés Manuel López Obrador hizo realidad el sueño de Felipe Calderón Hinojosa, porque dentro de esta serie de discusiones que avaló el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sigue prevaleciendo el criterio militarista que ha venido tomando tintes de autoritarismo en detrimento de los derechos humanos.
En una decisión bastante polémica, la Corte ha decidido validar que las detenciones que realicen las fuerzas armadas no pasen por la autoridad policial, como se venía realizando hasta el momento.
La discusión del artículo 19 de la Ley del Registro Nacional de Detenciones obligaba a que toda detención que realizara el Ejército o la Guardia Nacional tenía que ser notificada a las autoridades de Seguridad Pública, es decir a las Policías municipales y estatales. Con esta determinación de la corte, seguimos en la ruta del fomento en la estela de violaciones a los derechos humanos y con ruta hacia una política de militarización de la Seguridad Pública que es el tenor desde hace muchos años.
Mientras desde los estándares internacionales se sigue privilegiando el respeto a los DDHH, en nuestro país se sigue direccionando el control de la seguridad hacia la milicia, porque se contaba con una obligatoriedad de informar con toda certeza a las corporaciones de Seguridad Pública o en todo caso solicitar el apoyo de las mismas, para el registro de las personas detenidas en acciones de proximidad u operativos.
Con este aval, nada nos garantiza que las Fuerzas Armadas vayan a realizarlo porque esa es su tradición o en su defecto su forma cotidiana de actuar.
Históricamente en México, las FFAA han demostrado querer mantener sus acciones en la secrecía —en el mejor de los casos— o si lo llevamos a un extremo, a la impunidad y ocultismo de sus acciones. El poder político y la relevancia que han tenido durante este sexenio, rebasa el discurso antimilitarista con que se ganó la elección y por mucho rebasan la política de seguridad que se pretendía impulsar. Hoy la pregunta es clara:
Si la Guardia Nacional o el Ejército me detienen, ¿cómo queda registro de la acción?
Si bien la resolución de la Corte indica que la milicia debe tener cuentas abiertas dentro del Registro Nacional de Detenciones para tal efecto, nada nos puede garantizar que la propia acción sea llevada a la realidad. Por lo menos con la intervención de la seguridad pública local, dichas acciones quedaban registradas y si había algún tipo de anomalía, siempre había un reducto dónde sostener la acción. Hoy ya no será posible.
Era bien sabido por parte de las autoridades que la entidad que tiene una gran cantidad acumulada de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de seguridad es la Guardia Nacional, siendo el cuarto brazo del Ejército Mexicano, por las acciones realizadas, que han sido resultado de una falta de capacitación y sobre todo de lógica en las operaciones realizadas, amén de la ilegalidad en que se realizaban.
Una entidad, que se supone, tiene el control normativo —porque operativo sabemos que lo tiene SEDENA— de la Guardia Nacional, es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que de acuerdo a las características constitucionales debería de ser de índole civil, hoy está bajo el control de un militar. Las señales y la política tienen razones de ser y una de ellas es seguir fortaleciendo el mando castrense por encima de lo civil.
Es inevitable señalar que el nombramiento del general Luis Gutiérrez Bucio, excomandante de la Guardia Nacional, como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es de mucha relevancia para seguir entrampados en esta perspectiva militarista. El poder político que se ha brindado a las fuerzas armadas hoy en día no tiene precedentes. Las Fuerzas Armadas están cumpliendo todas las funciones de la administración pública posibles, menos las que les corresponden por mandato constitucional.
La Constitución es clara, las tareas de seguridad pública son un encargo de la autoridad civil. Hoy de facto ya están bajo control militar, sin una claridad entorno a las acciones que puedan realizar y sin pasar por un control civil, estamos expuestos a detenciones arbitrarias en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana.
Si la autoridad militar de facto no reconoce un mando civil, ¿qué nos espera a nosotros, simples mortales que somos quienes recibimos con hechos las políticas públicas fallidas?
Michoacán, la estela de la violencia permanente
Violencia en Jungapeo, muerte de tres policías municipales en Chilchota, la muerte de un mando militar en Coalcomán y los hechos de violencia cotidiana en Morelia. Seguimos preguntándonos hasta cuándo las autoridades de todos los dos niveles involucrados en el tema, tanto estatal como municipal, dejarán de seguir utilizando una narrativa triunfalista cuando los hechos están a la vista.
El replanteamiento de una estrategia de seguridad gira en torno al pleno conocimiento de campo que se tenga y las acciones que se pretendan realizar vayan acordes a la coyuntura de los hechos. Y nada de esto está sucediendo. Del nivel federal es impsoble hablar cuando lo único que sucede es que la Guardia Nacional se pasea en las diferentes localidades del estado sin un resultado positivo de ello.
El remate…
Michoacán, de acuerdo a los análisis hechos por la Organización Causa en Común en el informe Atrocidades 2022, tuvo un total de 366 notas de violencia sobre atrocidades cometidas, de las cuales derivan 438 hechos de los cuales se disgregan en 53 masacres, 51 homicidios de mujeres con crueldad extrema, 42 asesinatos de niñas y niñas.
¿Son indicadores para seguir un discurso triunfalista en la materia?
A mi juicio no, con una sola muerte tendrías que estar replanteando la estrategia. Pero ningún nivel —estatal y municipal— lo quiere hacer. Por orgullo y por pose, porque se ha demostrado que el discurso está muy alejado del hecho.
Doctorante en Política de Seguridad Universidad de Sussex, Reino Unido, Analista de Temas de Seguridad e Integrante del Observatorio de la Guardia Nacional y Militarización de México.
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