La alternancia en el poder en México, sin duda ha sido un logro de la democracia en México, cuestión que es indudable e inclusive fundamental en todo país democrático. Y con ello, los proyectos o ejes de gobierno sin dudarlo van a tener un toque ideológico, político y operacional de acuerdo con las filias partidistas de quien ostente el gobierno.
México, al ser un país de leyes – esto a la letra de la Constitución Política- tiene consagrado que la Seguridad Pública de este país será llevada a cabo por un mando civil y que extraordinariamente y de manera coyuntural y quizás en un caso muy necesario intervendría la fuerza armada permanente en un tarea de ayuda institucional coordinada desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las Policías Estatales y las Policías Municipales en el caso de los diferentes niveles de gobierno que tenemos en nuestro país.
Y con ello, contradiciendo su línea ideológica, la izquierda que hoy gobierna México, ha tomado la decisión de recurrir de una manera permanente a un modelo “civil” simulado, donde quienes tienen el control de la seguridad pública en México, son los militares desde diferentes posiciones.
Desde la Guardia Nacional, que vino a sustituir a la Policía Federal, con una formación totalmente castrense y con elementos prestados de la SEDENA, SEMAR y muy pocos civiles que quedaron de la anterior corporación y que han sido reducidos a lanada y que seguramente orillados a renunciar por el tipo de mando que hay hoy en día.
En las Policías Estatales ha sido el tenor de los gobiernos de “izquierda” y con mandato presidencial o inclusive desde la propia SEDENA. El colocar como mandos de las corporaciones de seguridad pública estatales y municipales a militares retirados o con licencia ha sido el tenor de los gobiernos afines al partido oficial.
Los resultados están a la vista. La poca experiencia en la planeación territorial y de estrategia, amén de la falta de una política de seguridad basada en el conocimiento de territorio, es lo que ha derivado en una violencia globalizada en México o por lo menos la decadencia de las instituciones de seguridad por los nulos resultados obtenidos y los indicadores de medición no pueden ocultar lo que es evidente.
Baja California, Michoacán, Sonora, Guerrero, Zacatecas, Veracruz y Morelos son algunos de los estados que están en los indicadores altos de violencia y que han optado por un modelo subordinado a la militarización de la seguridad pública. Y a este no le estamos sumando la cifra negra, la cual triplica el número de delitos y que es donde radica básicamente los altos niveles de violencia e ingobernabilidad en los diferentes estados.
¿Por qué hacer un recuento del sin fin de problemas que causado este fenómeno en México?
Hace unos días, tuvimos el gusto de colaborar con un análisis de la inseguridad en México para una cadena de televisión argentina y casualmente, cortaron la transmisión para dar paso a un enlace desde la Ciudad de Rosario, para anunciar la llegada de un batallón del ejército argentino para “controlar” la seguridad de esa ciudad y de toda la provincia de Santa Fe.
Casualmente, en este paralelismo que queremos ilustrar, Argentina es un país con un sistema federado, que cuenta con Provincias ( equivalentes a nuestra denominación de estados), municipios, con una seguridad controlada por un sistema de carrera policial y con una prohibición expresa de la Constitución Argentina para que el ejército tome parte de las acciones de seguridad.
Argentina, al igual que México, tiene una crisis de violencia globalizada que ha derivado en una serie de asesinatos, de incremento de tasas delictivas y de niveles de violencia con situaciones multifactoriales.
Casualmente, Argentina, al igual que México, es gobernada por partidos políticos de izquierda.
Ideológicamente la izquierda siempre se había opuesto al uso de las fuerzas armadas en el tema de la seguridad, por las constantes violaciones a los derechos humanos en las diferentes latitudes latinoamericanas. En México, sabemos perfectamente el uso político que había tenido el ejército en la represión de opositores al régimen político existente en otras épocas y que parecía una lección aprendida y asumida por la clase política mexicana que gobierna hoy en día. Argentina tuvo un historial muy cruento de una dictadura militar que costo muchas vidas, dos décadas de un régimen controlado desde la milicia y donde las desapariciones forzadas fueron el tenor del día.
En México y Argentina, se sabe del antecedente muy oscuro del Ejército.
¿Por qué confiar en ellos y poner en sus manos la seguridad pública de la población?
En México, últimamente el ejército ha sido ligado a dos hechos que han sido ventilados como símbolo de su control: la masacre de civiles en Nuevo Laredo sin una razón para realizarlo y por otro lado el uso del sistema de inteligencia y espionaje Pegasus – satanizado en sexenios anteriores- y que hoy ha sido utilizado para espiar a defensores de derechos humanos.
Esto, en conjunto de los pobres resultados ofrecidos por la diferentes niveles de gobierno que han acudido a la jerarquía militar para controlar su seguridad pública por mandato presidencial, nos indica una situación importante: el fracaso de la “estrategia”.
Esta tentación, que al parecer a los países latinoamericanos de izquierda, de poder contar con la milicia como un aliado en el control social, nos indica muchas de esas contradicciones al no poder realizar estrategias de política pública, ni la experiencia enfocada en ejes de gobierno que deriven en un orden social.
No siempre el discurso va en línea con los hechos, ni con los resultados. Y la seguridad nova con colores ni filias políticas, tenemos un marco jurídico establecido que nos marca como una sociedad con un régimen civil de seguridad. Tenemos que fortalecerlo.
El remate…
Michoacán, uno de los estados que han apelado a un modelo y mandos militares, tampoco ha tenido un repunte en el tema de seguridad y en cambio sí, se ha incrementado la violencia en diferentes rubros, Desde homicidios dolosos hasta feminicidios han ido repuntando ante una falta de trabajo estratégico, de prevención y sobretodo enfocado a perspectiva de género.
Mientras el Gobierno asegura hasta con gráficas y presentaciones que los delitos van a la baja, la prensa se ha dedicado a investigar en las notas periodísticas, la cifra negra.
Si hablamos de un tema como los homicidios de mujeres, en un año, del 8 de marzo de 2022 al 8 de marzo de 2023, 210 mujeres han sido asesinadas en al menos 37 municipios de Michoacán, aunque Zamora, Morelia y Uruapan, concentran el mayor número de casos: 118.
En el lapso referido, en promedio cada mes en esta entidad, se han cometido 17 homicidios dolosos en mujeres cuyas edades fluctúan entre los 14 y 50 años de edad, pero principalmente de entre 20 y 29 años.
Zamora, Morelia, Jacona y Uruapan, consideradas en el ranking de las ciudades más peligrosas del mundo, se alzan con los primeros lugares en la comisión de este delito; así, en un año, Zamora contabiliza 58 asesinatos de mujeres, seguido de Morelia con 42 casos, Jacona 20 y Uruapan 13.
¿Realmente ha servido el modelo militarizado impuesto desde la Federación?
¿Los resultados van a la par del discurso?
Usted amigo lector, tiene la decisión inteligente de creer en los resultados o dejarse llevar por el discurso.
José Alberto Guerrero Baena Doctorante en Política de Seguridad Universidad de Sussex, Reino Unido, Analista y Consultor en Seguridad Pública, construcción de Policía e Integrante y Coordinador en Michoacán del Observatorio de la Guardia Nacional y Militarización de México.
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