Hace algunas semanas, en este espacio hablamos sobre los procesos que conllevan de la militarización hacia el militarismo dentro de la vida de los ciudadanos en un país. Este sumario ha sido notorio en los últimos años donde varios sectores de la administración pública han sido asignados como un encargo para que los militares le den “orden y cuidado”.
Y sin embargo, el país, con las cifras inusitadas de violencia que hay en el cuarto año de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, no ha sido reformada una estrategia de seguridad donde semana con semana hay descubrimientos macabros y violencia desbordada y sí en cambio, existe una invasión de diferentes espacios donde la milicia —incluida la Guardia Nacional— donde no tendrían que estar operando o administrando.
Uno de los más recientes espacios donde se está intentando normalizar la presencia militar es en el Metro de la Ciudad de México.
Ante los hechos recientes que han acaecido en este sistema de transporte, quizás el más importante del país, se ha intentado permear y acendrar en la población un discurso que esté orientado a que la resolución mágica e instantánea de los graves problemas de este transporte los puede resolver la presencia de esta “corporación”. Sin embargo, los problemas en el Metro son de otra índole, son de mantenimiento, de necesidades de personal técnico especializado.
El Metro, como se ha venido observando ante la cadena de accidentes, no es un problema de inseguridad dentro de sus instalaciones, es un problema técnico, de falta de mantenimiento y de corrupción en el manejo del presupuesto para el mismo, donde sólo tiene asignado el 9% del mismo.
Para tal efecto, han sido asignados seis mil 60 guardias nacionales.
Con un promedio de 33 militares por estación del Metro, para las 184 estaciones con que cuenta el sistema, es un esfuerzo excesivo e insultante ante la violencia que hay diferentes regiones del país. Si hacemos un recuento de los diferentes estados que no cuentan con un despliegue de Fuerzas federales adecuados, estamos hablando de 29 entidades.
Además del número de elementos asignados para estas 29 entidades federativas, tendríamos que analizar la forma en que se ha realizado el despliegue en las mismas y aun así estaríamos en condiciones de señalar la irregular forma del trabajo realizado por ellas.
En cambio, el gobierno de la Ciudad de México, en contubernio y con la bendición del gobierno federal, se ha venido envolviendo en una cadena de invenciones, donde los “sabotajes e incidentes atípicos” han sido el argumento para sostener la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones de este transporte.
Esto es considerado excesivo e inútil, porque se cuenta con un estado de fuerza de tres mil Policías Auxiliares y dos mil Policías Bancarios e Industriales que vigilan las paradas este este sistema.
Y la violencia sigue prevaleciendo en un país donde los poderes fácticos mandan, y en cambio se refuerza —con tintes políticos electorales— a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México con la presencia de estos seis mil 60 elementos.
Visión desde el exterior…
De acuerdo con un estudio realizado el año pasado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres, Inglaterra, llamado Atlas de Conflictos Armados 2022, México es un país que vive en un conflicto armado permanente.
Lo interesante es definir qué significa para este centro de estudios el concepto como tal y lo que nosotros entendemos, como una retórica a la mexicana.
En México, la visión que tenemos sobre el concepto de conflicto armado, es una noción reducida a la concepción de guerra entre varios países.
Para este instituto es una visión mucho más interesante. Es la cotidianeidad de los eventos armados que ocurren día con día en un país en que la violencia no ha sido parada.
El concepto que maneja este Instituto, para definir a México en un país en conflicto armado es el siguiente: como un enfrentamiento entre dos o más actores organizados que hacen uso deliberado de las armas.
Debe cumplir, además, criterios en términos de duración (que duren por lo menos tres meses e incluyan incidentes violentos cada semana o cada 15 días) e intensidad y organización (capacidad de las partes para planear y ejecutar operaciones militares o ataques violentos).
Para que un conflicto que involucra a actores del Estado sea incluido en el Atlas, se requiere el despliegue de fuerzas armadas o policía militarizada.
Por su parte, los grupos armados ajenos al Estado deben demostrar cierta capacidad logística y operativa (como acceso a armamento y otros equipos militares) o la capacidad para diseñar estrategias y realizar operaciones, coordinar actividades, establecer comunicación entre miembros y reclutar y capacitar personal.
Sin duda, son condiciones que perfectamente encajan en el devenir cotidiano de nuestro país. La presencia de grupos de poder fácticos, que controlan el poder político y financiero de ciertas regiones, combinado con los requisitos institucionales que conlleva este concepto, nos ilustra que México es un país enganchado perfectamente a esta visión.
Sin embargo, a quienes actualmente gobiernan este país no les interesa en lo absoluto la visión que se tiene desde el exterior y al parecer tampoco la visión interior.
El remate…
En Michoacán hay cuatro mil 600 elementos de la Guardia Nacional más los cuatro mil 800 de la Policía Estatal y los tres mil 880 de las Policías Municipales, dando un total de 13 mil 280 humanos trabajadores de la seguridad.
Nuestro estado está ubicado al inicio del año en el cuarto lugar nacional en materia de homicidios dolosos.
¿Realmente considera usted, estimado lector, que hay una estrategia de seguridad?
¿O solo hay un amontonamiento de policías?
Los resultados están, usted decide a que visión hacerle caso.
