De nueva cuenta, el proceso legal sobre el feminicidio de Jessica y la posibilidad de probar la culpabilidad de su agresor Diego Urik por parte de la autoridad pertinente, es decir, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, tiene los puentes necesarios para poder discutir la propia utilidad de la misma dentro de la cadena que conforma el Sistema de Justicia Penal en el estado y por supuesto en nuestro país.
El debate debe de comenzar con la siguiente pregunta:
¿La Fiscalía General del Estado tiene las capacidades para brindar el servicio de representación social?
Y la respuesta es no. ¿Por qué?
Porque se ha convertido en el cuello de botella del sistema de justicia penal. El reclamo que la mamá de Jessica hizo en un programa de televisión al Fiscal General del Estado, fue muy claro, porque la fiscalía ha dejado de contar con los elementos mínimos necesarios, para poder sostener, argumentar y litigar un caso en tribunales, debe tener personal e instalaciones certificadas, cuestión que no ha sido el tenor.
Y esto ha sucedido en un caso que se hizo mediático por las características y la importancia del delito, pero si nos vamos al diario acontecer ciudadano, es parte de la cotidianeidad del problema del mismo. La poca atención a los delitos perseguidos, la falta de una atención especializada y el amontonamiento y poca resolución de los casos sin litigar, hacen que se ponga en cuestionamiento la operación de la misma. Y esto es derivado por la falta de una verdadera trasformación integral de la entidad, que ha seguido privilegiando y monopolizando los esquemas de investigación del delito, sin delegar estas responsabilidad a las policías locales, que tienen la obligación de coadyuvar y aportar los elementos de la prueba para la litigación de los casos.
Esto es problema que se ha generalizado en México. Las fiscalías tanto a nivel federal, como en los niveles locales, no fueron diseñadas como entidades que estuvieran acordes a las necesidades marcadas por las reformas constitucionales de 2008 y 2011 en materia de derechos humanos. Se siguen conservando en muchos casos, el esquema del sistema penal inquisitivo y las estructuras de trabajo tradicionales que derivan que en la actualidad, ante la celeridad de la resolución de casos, sigan siendo el atorón del sistema penal y que en el mejor de los casos, se pueda dar una resolución contundente de los mismos en los tribunales. Y es ahí, donde realmente se ve reflejado el problema social, cultural y legal que venimos arrastrando de años en la procuración de justicia en México.
¿Qué implicaciones tiene un proceso de trasformación de procuraduría a fiscalía?
De acuerdo a la reforma constitucional de 2014, la entonces Procuraduría General de la República, tiene que transformarse en una fiscalía. Este proceso implica la creación de una arquitectura estructural acorde a las necesidades constitucionales. Y este proceso, tuvo sus alcances locales, incluido nuestro estado, que sin duda han sido una interrogante al momento de la operatividad, puesto que muchas de las “reformas”, han sido únicamente de forma, porque el fondo ha sido muy laxo, muy somero.
Las transiciones han sido meramente nominales, porque son sólo han sido sujetas a la perspectiva meramente legal y procesal, sino que una de las atenuantes ha sido el ámbito político. Las generalidades de una fiscalía autónoma implican muchos aspectos, pero uno que es fundamental es una autonomía técnica y de gestión, pero siguen meramente sujetas a los poderes ejecutivos locales desde el ámbito financiero y tristemente al ámbito político.
¿Por qué sucede esto?
Porque no se ha tenido una visión integradora de una política criminal articulada desde el estado mexicano, donde tanto los esquemas de seguridad y procuración de justicia – que son entes diferentes - estén articulados y asuman la responsabilidad y la corresponsabilidad de sus acciones, pasando desde la prevención de los delitos hasta la investigación y persecución de los mismos.
Y por supuesto que las reformas constitucionales tomaron por sorpresa a muchos estados, incluidos Michoacán, donde hasta este año 2023, estamos viviendo resabios de este atraso político, legal, administrativo y operativo.
Estos factores político operativos, se han traducido en una desconfianza ciudadana al momento de acudir a la institución. Los atrasos evidentes en la procuración de justicia se han traducido en resultados nulos, - 1 de cada 10 delitos son denunciados- y por el otro lado, ha implicado que las instituciones de seguridad, no hayan articulado de una manera fundamentada y organizada, sus unidades de investigación, facultad que tienen derivado de la reforma correspondiente.
¿Qué hacer para que las fiscalías estatales funcionen?
Dejar de ser una agencia de colocaciones.
Se necesita instaurar un servicio profesional de carrera basado en méritos académicos, operativos y sobretodo de resultados. Hoy en día, al no poder ser colocados diferentes operadores políticos derivados de las campañas electorales, las fiscalías se han vuelto esa agencia de empleos de “consolación”, donde lo que menos hay es una vocación de servicio o dedicación plena a la labor encomendada y es visto más como un trampolín hacia otras dependencias que por la dedicación.
Dotar de una autonomía política, operativa y presupuestal a la fiscalía.
Si bien, sabemos que en el nombre, las fiscalías son autónomas, las acciones demuestran lo contrario. Están sujetas al poder político, que viene derivado de la sujeción que tienen a los congresos de los estados, que por sus filias políticas, pueden dotar o pueden ahorcar las finanzas de la institución. La parte operativa está sujeta a las reformas penales que cada estado realice – de acuerdo sus filiaciones políticas e ideológicas- y que en cada estado puede variar de acuerdo al poder político o a la mayoría dominante en el congreso estatal. Es ahí donde se necesita una fiscalía independiente de toda filia o doctrina política o religiosa y que trabaje de acuerdo a los estamentos legales que imperen.
Contar con un sistema de Desarrollo institucional
Las fiscalías deben de contar con un plan estratégico de gobernanza, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que asegure que se pueda someter a una evaluación coherente y objetiva las actuaciones de la misma. Asegurarnos de que esta gobernanza implique una independencia de acciones, nos ayudará a entender que los ciudadanos también tenemos la obligación de vigilar el desempeño para que el servicio que es ofrecido sea acorde a las expectativas de solución que necesita la sociedad.
Desarrollo normativo actualizado
Es necesario que al contar con un modelo acusatorio en México, se descentralice el actuar de investigación de la fiscalía hacia las policías locales. Es pertinente que los sistemas de seguridad y de justicia se articulen de acuerdo a un esquema de coordinación y cooperación donde el Ministerio Público deje de ser el gestionador de las acciones para convertirse en un verdadero fiscal argumentador de los casos. Por ello es imperante unificar los sistemas de información para que las instituciones de seguridad y de justicia cuenten con la misma información y se dé celeridad a la resolución de los casos, de acuerdo al modelo acusatorio.
Establecer ritmos de la transición
Las fiscalías sólo se han transformado de nombre y pintura, es decir sin llegar a fondo a la reconfiguración de una cultura organizacional y operativa a fondo. Es necesario revisar si es que se siguen prevaleciendo esquemas de cultura organizacional y usos y costumbres acendrados del sistema inquisitorio. Y de ahí partir en etapas para una transición de estructuras que derive cambios de fondo y no nada más de forma. Mientras sigamos en este esquema de apariencias, el cambio será únicamente visual.
Por ello, el establecimiento de un modelo de procuración de justicia integral, que rompa con los paradigmas tradicionales, debe ser una prioridad para administración estatal de Michoacán. La política criminal debe diseñar y consistir en desarrollar un modelo de procuración de justicia que establezca una persecución penal estratégica, basada en la priorización como una herramienta de política criminal y en un modelo de investigación criminal homologado.
Hay repensar la persecución criminal de manera que se prioricen los esfuerzos institucionales de las procuradurías y fiscalías estatales y federal para dar una respuesta más racional y eficiente a las víctimas de los delitos y al problema de criminalidad en México.
Michoacán necesita una fiscalía, fuerte, autónoma y profesional.
¿Hasta cuándo la tendremos?
José Alberto Guerrero Baena Doctorante en Política de Seguridad Universidad de Sussex, Reino Unido, Analista y Consultor en Seguridad Pública, construcción de Policía e Integrante y Coordinador en Michoacán del Observatorio de la Guardia Nacional y Militarización de México.
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