En un proceso electoral que se ha caracterizado por la violencia y donde se elegirán más de 20 mil cargos de elección popular, la seguridad de los aspirantes debería ser pragmática y eficaz. Sin embargo, el protocolo establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) se revela como tardío, rebasado y burocrático, dejando a los candidatos desprotegidos y vulnerables ante la violencia política.
En los primeros dos meses del 2024, 33 personas del ámbito de la política partidista, algunos aspirantes a cargos de representación popular han sido asesinados.
El proceso electoral comenzó en septiembre del año pasado y las precampañas oficialmente el 20 de noviembre de 2023, apenas no solo el INE, sino el gobierno de la república a través de sus instancias de seguridad presentaron su propuesta de seguridad para las y los candidatos, en febrero de este año.
El mecanismo está rebasado, la mayoría de las víctimas han sido aspirantes a cargos locales, lo que evidencia que son los más desprotegidos por el protocolo, pues solo contempla a los aspirantes a cargos de nivel federal.
Burocrático, en tanto la seguridad es tardía cuando depende de una tramitología, pues la solicitudes de protección de los aspirantes a cargos populares, serían enviadas por el INE a los Institutos Electorales Estatales y en consecuencia a la Guardia Nacional y/o a las instancias estatales o locales de seguridad. Lo anterior a todas luces retrasa el acceso a la seguridad de las y los candidatos, según lo establecido en dicho protocolo.
En una mañanera el presidente Obrador, señaló a propósito del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya Guanajuato, Gisela Gaytán, que no se le brindo seguridad en ese momento, por que todavía no comenzaban las campañas. Así o más absurdo. Al mismo tiempo Mario Delgado declaraba que si se hizo la solicitud al INE. El cual señaló que turnó la solicitud al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y este a su vez refirió que se turnó a la Secretaría de Gobierno de esa entidad; lo anterior evidenció el laberinto burocrático y en consecuencia se enfrascaron en la repartición de culpas.
El gobernador Ramírez Bedolla, al señalar que existe desconfianza por parte del Ing. Alfonso Martínez, candidato a la reelección por la alcaldía de Morelia con las fuerzas de seguridad municipal, para su protección en la campaña, está alimentando la polarización y la desconfianza entre las instituciones y los actores políticos, lo cual no contribuye en absoluto a la construcción de un clima político de confianza y colaborativo.
El panorama de inseguridad que enfrenta este proceso electoral, exige respuestas ágiles y eficientes por parte de las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, más allá de las diferencias políticas pues se trata de acciones que podrían salvar vidas y proteger a nuestra democracia.
Especialista en Seguridad Ciudadana con perspectiva de género y tipologías preventivas
