/ jueves 25 de abril de 2024

La justicia hídrica 

La Ministra Norma Lucia Piña, Presidenta del Poder Judicial Federal, convocó a los jueces del mundo a la inclusión de la perspectiva de la justicia hídrica en sus juicios, considerando entre otras cosas, el hacer valer el interés público sobre el interés privado o de cualquier otro interés contrario al bien mayor de los derechos colectivos y de la naturaleza que dependan del agua segura y suficiente.

Este llamado de la Presidenta de la Corte, no sólo debe resonar en los tribunales de justicia, sino que también debe atravesar cada aspecto de la política pública y las instituciones relacionadas con el desarrollo urbano, el uso del suelo y las fiscalías. Es fundamental que las decisiones sobre el uso y la gestión del agua consideren no sólo los intereses económicos individuales, sino también el impacto en la comunidad y en el medio ambiente.

Esté exhorto lo realizó la Ministra, en el marco de la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas en 2023, basadas en la Declaración de Jueces sobre Justicia Hídrica en el octavo Foro Mundial del Agua celebrado en Brasil en el 2018; en los que establecieron estratégicos principios para garantizar la justicia del agua, reconociendo que es un problema global urgente para garantizar la vida humana en la tierra.

Y es que la provisión de servicios de agua potable impactan desproporcionadamente a las personas y los grupos más vulnerables, incluyendo a las mujeres, los niños, las personas mayores, con discapacidad, indígenas y pertenecientes a otras minorías y su uso doméstico debería tener prioridad sobre otros usos en la distribución del agua dulce.

Algunos de los principios establecidos en la Declaración de Brasil para que sean tomados en cuenta por todos los jueces del mundo, es el de In dubio pro agua, y se refiere que en caso de incertidumbre, las controversias ambientales e hídricas ante las cortes deberán resolverse y las leyes aplicables interpretarse, de la manera en la cual sea más probable proteger y conservar los recursos hídricos y los ecosistemas relacionados.

Otro de los principios establecidos es que el que contamina paga, principio que alude a quién contamine el agua y degrada los ecosistemas deberá asumir los costos remediar y compensar cualquier daño.

Para entender, lo que es una urgencia mundial y encontrar soluciones pragmáticas debemos sostener conversaciones incómodas sobre el uso del agua y los hábitos de consumo; por ejemplo, en la industria refresquera se utilizan en promedio 34.5 litros de agua para producir medio litro del refresco de cola según estudio de la UNAM denominado “En México no falta agua, sobra chatarra” o que una taza de café necesita promedio 140 litros de agua y una cerveza utiliza 75 litros para su producción. (UNAM, 2022). Un aguacate utiliza en promedio entre 80 y 120 litros de agua.

En México la agricultura y la ganadería consumen 76.3% del agua dulce, mientras un 14% en abastecimiento público a través de redes agua potable y un 5% en la industria autoabastecida (son aquellas empresas que toman el agua directamente de los rios, arroyos, lagos y acuíferos del país). (UNAM,2022).

En su última columna de opinión para El Universal, Carlos Urzúa ex secretario de hacienda de López Obrador señaló que “…entre todos los proyectos de inversión pública que palomeó el presidente a principios de su sexenio, muy pocos de los cuales fueron concretados posteriormente, nunca se contempló que el gobierno federal invirtió de manera realmente significativa para mejorar el sistema hídrico de México, priorizando el petróleo sobre el agua”. Y que para el 2024 el recurso para CONAGUA sufrió una reducción del 13% pese a los golpes de calor y las sequías más pronunciadas de las que se tenga memoria.

Para evitar que otros cuerpos de agua como el de Zirahuén, comparta el destino del lago de Pátzcuaro, es fundamental que no sólo los jueces, sino las instituciones de todos los órdenes de gobierno, consideren cuidadosamente el impacto ambiental de sus decisiones, especialmente en casos relacionados con el desarrollo urbano, el cambio de uso del suelo y la gestión de recursos naturales como el agua.

Especialista en Seguridad Ciudadana con perspectiva de género y tipologías preventivas

La Ministra Norma Lucia Piña, Presidenta del Poder Judicial Federal, convocó a los jueces del mundo a la inclusión de la perspectiva de la justicia hídrica en sus juicios, considerando entre otras cosas, el hacer valer el interés público sobre el interés privado o de cualquier otro interés contrario al bien mayor de los derechos colectivos y de la naturaleza que dependan del agua segura y suficiente.

Este llamado de la Presidenta de la Corte, no sólo debe resonar en los tribunales de justicia, sino que también debe atravesar cada aspecto de la política pública y las instituciones relacionadas con el desarrollo urbano, el uso del suelo y las fiscalías. Es fundamental que las decisiones sobre el uso y la gestión del agua consideren no sólo los intereses económicos individuales, sino también el impacto en la comunidad y en el medio ambiente.

Esté exhorto lo realizó la Ministra, en el marco de la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas en 2023, basadas en la Declaración de Jueces sobre Justicia Hídrica en el octavo Foro Mundial del Agua celebrado en Brasil en el 2018; en los que establecieron estratégicos principios para garantizar la justicia del agua, reconociendo que es un problema global urgente para garantizar la vida humana en la tierra.

Y es que la provisión de servicios de agua potable impactan desproporcionadamente a las personas y los grupos más vulnerables, incluyendo a las mujeres, los niños, las personas mayores, con discapacidad, indígenas y pertenecientes a otras minorías y su uso doméstico debería tener prioridad sobre otros usos en la distribución del agua dulce.

Algunos de los principios establecidos en la Declaración de Brasil para que sean tomados en cuenta por todos los jueces del mundo, es el de In dubio pro agua, y se refiere que en caso de incertidumbre, las controversias ambientales e hídricas ante las cortes deberán resolverse y las leyes aplicables interpretarse, de la manera en la cual sea más probable proteger y conservar los recursos hídricos y los ecosistemas relacionados.

Otro de los principios establecidos es que el que contamina paga, principio que alude a quién contamine el agua y degrada los ecosistemas deberá asumir los costos remediar y compensar cualquier daño.

Para entender, lo que es una urgencia mundial y encontrar soluciones pragmáticas debemos sostener conversaciones incómodas sobre el uso del agua y los hábitos de consumo; por ejemplo, en la industria refresquera se utilizan en promedio 34.5 litros de agua para producir medio litro del refresco de cola según estudio de la UNAM denominado “En México no falta agua, sobra chatarra” o que una taza de café necesita promedio 140 litros de agua y una cerveza utiliza 75 litros para su producción. (UNAM, 2022). Un aguacate utiliza en promedio entre 80 y 120 litros de agua.

En México la agricultura y la ganadería consumen 76.3% del agua dulce, mientras un 14% en abastecimiento público a través de redes agua potable y un 5% en la industria autoabastecida (son aquellas empresas que toman el agua directamente de los rios, arroyos, lagos y acuíferos del país). (UNAM,2022).

En su última columna de opinión para El Universal, Carlos Urzúa ex secretario de hacienda de López Obrador señaló que “…entre todos los proyectos de inversión pública que palomeó el presidente a principios de su sexenio, muy pocos de los cuales fueron concretados posteriormente, nunca se contempló que el gobierno federal invirtió de manera realmente significativa para mejorar el sistema hídrico de México, priorizando el petróleo sobre el agua”. Y que para el 2024 el recurso para CONAGUA sufrió una reducción del 13% pese a los golpes de calor y las sequías más pronunciadas de las que se tenga memoria.

Para evitar que otros cuerpos de agua como el de Zirahuén, comparta el destino del lago de Pátzcuaro, es fundamental que no sólo los jueces, sino las instituciones de todos los órdenes de gobierno, consideren cuidadosamente el impacto ambiental de sus decisiones, especialmente en casos relacionados con el desarrollo urbano, el cambio de uso del suelo y la gestión de recursos naturales como el agua.

Especialista en Seguridad Ciudadana con perspectiva de género y tipologías preventivas