Hace unos días se dio a conocer la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, colocando a Zamora en el primer lugar, Uruapan en el octavo y Morelia en el 34. Esta información surge luego de la masacre registrada en San José de Gracia, el enfrentamiento en San Juan Muevo Parangaricutiro y el homicidio del alcalde de Aguililla, por lo que resulta difícil descalificarla, a pesar de los cuestionamientos metodológicos que pueda tener.
De acuerdo con el "Ranking 2021 de las 50 ciudades más violentas del mundo", que fue presentada el 11 de marzo por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, señala además que por quinto año consecutivo una ciudad mexicana es la más violenta del planeta.
La respuesta del gobierno a estos indicadores de violencia, corrupción e impunidad ha sido el silencio, la descalificación o la persecución de quienes las elaboran y difunden. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México está en calma, que la violencia se concentra solo en media docena de estados en los cuales ya están actuando de forma decidida para regresar la paz y la tranquilidad, entre los que se encuentra Michoacán.
Lo cierto es que la violencia ha estado insertada en el país y específicamente en Michoacán desde hace cuando menos dos décadas y se ha agudizado con el transcurrir de los años pese a las intervenciones de los diversos órdenes de gobierno. Pero la actual administración morenista debe reconocer que sus estrategias no están alcanzado los objetivos prometidos y muestra de ello es el incremento en el número de homicidios registrados en la entidad desde octubre de 2021 a la fecha.
Entregar despensas, becas y generar empleos mal pagados no resolverán el gravísimo problema de inseguridad que padecen en cientos de comunidades michoacanas en donde los grupos criminales tienen asentados sus bases de operación. Quizá sea tiempo de reconocer que la estrategia no está funcionando o, quizá, quienes están al frente de las instituciones de seguridad.
ONU condena violencia policial en Morelia
Decenas de periodistas de diversos medios de comunicación, en su mayoría mujeres, que cubrían la manifestación por el Día Internacional de la Mujer fueron agredidas verbal y físicamente por elementos de la Policía Morelia y de la Policía Michoacán. La falta de protocolos de contención para este tipo de protestas y la inexplicable decisión que utilizar gases lacrimógenos y municiones para paintball ocasionaron que decenas de reporteros resultaran lesionados.
Esta agresión institucional en Morelia se registra justo en uno de los peores momentos para la prensa en México, que ya alarma incluso a organismos nacionales e internacionales que han expresado su preocupación y su deseo porque se respeten los derechos humanos y se brinden las garantías necesarias para la labor de las y los periodistas. Hasta el momento, ni el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, ni el gobernador Alfredo Ramírez, han ofrecido cuando menos una disculpa.
Por ello, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos externó, a través de su cuenta de Twitter, su preocupación por los incidentes ocurridos en Morelia durante la marcha del 8M: “manifestantes habrían sido víctimas de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza y periodistas habrían sufrido agresiones por parte de fuerzas policiales”.
Presea al Dr. Jorge Álvarez Banderas
La decisión de las y los diputados, integrantes de la 75 Legislatura, de entregar la Presea “Primer Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana. Ario 1815” al jurista Jorge Álvarez Banderas cayó como balde de agua fría en las altas esferas de la Universidad Michoacana, luego de que en junio del 2021 decidieran de forma unilateral romper la relación laboral con el académico nicolaita.
Se espera que en pocos meses, al concluir el actual periodo de gobierno universitario, Álvarez Banderas regrese nuevamente a la institución. Caso similar al del abogado Francisco Sánchez Chanona. ¿Habrá un usted disculpe?
La (in) sana distancia morenista
Una de las críticas más acérrimas al PRI durante décadas fue la simbiosis que mantuvo con el Gobierno. No era el partido en el gobierno sino el partido del gobierno y eso le generó que al perder el poder se desdibujara como partido político en gran medida.
Morena ya ha dado muestras de emular algunas decisiones del viejo PRI que formaban parte de esa relación indisoluble entre partido y gobierno, como aquel –guardando todas las proporciones- acuerdo presidencial dictado por Emilio Portes Gil y publicado en el Diario Oficial, ordenando el descuento de un día de salario a la burocracia para el sostenimiento de ese partido, con la decisión de la exalcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez –hoy titular de la SEP- de retener parte del salario de los trabajadores para destinarlo a financiar su partido, Morena.
Cuando el 4 de agosto de 1994 el entonces candidato a la presidencia, Ernesto Zedillo, anunció la llamada “sana distancia” entre su gobierno y el PRI se abría una nueva época, una etapa de mayor fortaleza institucional, al menos en el papel. Pero hoy ni siquiera se pretende establecer distancias institucionales con el gobierno federal. Las y los gobernadores del partido oficial forman un bloque zalamero que poco ayuda al equilibrio de fuerzas en el país. En eso sí son iguales.
