Morelia, Michoacán.- Ante el contexto de inseguridad y violencia que se vive, se impide el derecho de aprender de niñas, niños y adolescentes, expuso Erik Avilés Martínez, presidente de Mexicanos Primero, quien consideró que la violencia, la inseguridad y la delincuencia han afectado intensamente a las comunidades educativas.
Desde las investigaciones que hemos realizado en Mexicanos Primero, los estudiantes definitivamente aprenden menos cuando son aquejados por situaciones angustiantes, que ponen en riesgo su estabilidad socioemocional, dijo.
Cabe recordar que diferentes comunidades educativas, han señalado las afectaciones en la suspensión del servicio educativo por temas de inseguridad como el caso de Múgica, Tumbiscatío y Zinapécuaro.
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El activista expuso que las estadísticas de homicidios y la serie de circunstancias inenarrables que viven generan paros de clases, abandono escolar, quedar bajo fuego cruzado, migración forzada, ausentismo laboral, entre muchas otras consecuencias.
Se sabe, que los bandos en confrontación asesinan invariablemente a jóvenes. Incluso, las fuerzas policiales y militares de nuestra nación también están preponderantemente compuestas por jóvenes, a quienes sobreexponen en circunstancias de inferioridad armamentista, numérica, de inteligencia y estratégica, dijo.
A pregunta de si la educación para la paz impulsada por varias instituciones del sector educativo, dijo que los gobiernos se suelen beneficiar enormemente de los discursos sobre la paz, porque generan cortinas de humo
Precisó que esos discursos les permiten ejercer presupuesto a través de adjudicaciones directas y evadir su responsabilidad histórica y presente con el incremento de cifras delictivas, así como con la caja negra de opacidad que rodea al sistema educativo estatal, lo cual se ha acrecentado en los últimos años, con la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), la tímida actividad que desarrolla Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
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“Pero también el embate frontal contra este organismo, el INAI y el CONEVAL, los cuales tienen atribuciones relacionadas con la transparencia, evaluación y mejora continua de las políticas públicas en México”, abundó.
Consideró que el derecho a la paz es universal, pero debe ser visto como un resultado, como una consecuencia de la vivencia plena de muchos otros derechos, “lamentablemente, en su afán de legitimarse, políticos y funcionarios, incurriendo en racionalidad instrumental han utilizado la paz como pretexto para acercarse a organizaciones confesionales, cruzando la delgada línea del estado laico, para que les hagan la tarea de generar políticas públicas y hasta de proponer planes y programas educativos”.
Indicó que a escala estatal, no pasa desapercibido como se han impulsado consejos con recursos públicos para tales efectos, mientras que ha entrado en estado vegetativo el Consejo Estatal para la Participación Escolar en la Educación (CEPEE), sucedáneo del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, así como de sus respectivos consejos municipales y escolares.
