Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- En Michoacán, el sitio electrónico habilitado para consultar la evolución patrimonial de los servidores públicos no está interconectado a nivel nacional, como sí ocurre en otras entidades que se han sumado a un exhorto no vinculante del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La Plataforma Digital Estatal (PDE) mantiene inactivo el “Sistema de Evolución Patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal”, también llamado Sistema 1.
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A través de esta herramienta, la ciudadanía tendría acceso para conocer la evolución de los bienes materiales de sus funcionarios y de su familia, pero en una sesión celebrada el pasado 26 de marzo, representantes de las instituciones que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) desecharon la recomendación de interconexión con la Plataforma Digital Nacional (PDN) por considerar que era violatoria a los derechos de privacidad.
Representantes del Tribunal de Justicia Administrativa (TJAM), la Secretaría de la Contraloría y el Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) coincidieron en que la rendición de cuentas es obligatoria, pero exponerla es voluntario.
En entrevista exclusiva, el titular del TJAM, Jesús Sierra Arias, apunta que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública mandata una publicidad máxima para que se dé a conocer la evolución patrimonial, pero al mismo tiempo subraya que esa información pertenece al ámbito privado. “Es una frontera muy delgada: una cosa es la información relativa a la función pública y otra la personal. Es un principio democrático de transparencia, pero debemos entender que el ámbito privado es otra cosa”.
Para el magistrado, lo que se debe impulsar es la cultura de la denuncia contra funcionarios que podrían estar enriqueciéndose gracias a su cargo, pero eso es distinto a exhibirlos al parejo en una plataforma que cualquiera puede consultar.
Sierra apunta que la misma ley apela a la voluntad del servidor público, por lo que no hay manera de que se les pueda obligar a compartir sus datos en una plataforma abierta. “La única obligación es entregar la información patrimonial cuando se asume el cargo, pero que se dé a conocer, eso ya no es una obligación”.
Esa visión no ha sido compartida por representantes federales como Ricardo Salgado Perrillat, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA, quien en abril pasado ofreció una conferencia en la Ciudad de México en la que señaló que “falta voluntad política para que la PDN tenga todos los datos”.
Datos de menores son delicados
Entrevistada sobre el tema, la presidenta del Comité Ciudadano del SEA, Elizabeth Vázquez Bernal, subraya que a nivel nacional exhortan para publicar datos personales no solo de los propios funcionarios, sino de sus familiares, incluso de menores de edad, “lo que encendió las alertas a los integrantes del Comité Coordinador, quienes solicitaron hacer pruebas previas para revisar los sistemas de seguridad”.
Aclara que la obligación de rendir declaraciones de evolución patrimonial no atañe solo a funcionarios de primer nivel, sino a cualquier empleado, sin importar el rango. En ese sentido, sugiere que se hagan pruebas internas para estar seguros de que no hay vulnerabilidad, y solo así generar la intorconexión con la PDN.
El SNA plantea que los órganos estatales se sumen en una misma plataforma para que las consultas sean más sencillas. Las entidades que ya se adhirieron son Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
La versión 1.1 de la Plataforma Nacional tiene ya 600 mil datos, lo que incluye 98 mil 285 declaraciones patrimoniales; 151 mil 779 datos de servidores públicos que participan en procedimientos de contrataciones; cinco mil 687 datos de personas físicas y morales sancionadas por corrupción, así como información de 387 mil 227 contratos de adquisición de bienes, servicios y obra pública.
Vázquez Bernal explica que una cantidad indeterminada de funcionarios michoacanos ya ingresaron sus datos a la plataforma Declaranet, pero no se puede saber quiénes ni cuántos son hasta que se resuelva que el Sistema 1 pueda consultarse públicamente. Si un ciudadano quisiera saber la evolución patrimonial de un personaje en lo particular, tendría que solicitarlo al órgano regularizador interno o a la Secretaría de la Contraloría del Estado, “lo que implica un proceso administrativo que puede ser muy largo”, acepta.
Insiste en que la negativa para montarse a la PDN se centra en la seguridad de los menores de edad que sean parientes de los funcionarios, pero al mismo tiempo reconoce prácticas deshonestas comunes, como los prestanombres que suelen surgir en casos de corrupción.
Concluye que finalmente se debe llegar a una solución con candados de seguridad para que haya transparencia absoluta facilitada a la gente, bajo la premisa de que “el que nada debe, nada teme”, mientras que Jesús Sierra añade que hay que desalentar la cultura de la sospecha infundada y alentar la cultura de la denuncia.
