Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La diputada del Congreso del Estado, Margarita López Pérez, señaló en entrtevista que la Ley de Prevención y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, prevista para que sea aprobada y entre en vigor a más tardar a inicios de 2023, tendrá que ser homologada en lo local, al igual que ha ocurrido con la Ley General de Víctimas en 2011 y la Ley de Desaparición Forzada en 2017.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil también señaló que entre sus tareas ya realizadas está la iniciativa para confirmar un comité para la trata de personas, otro de los problemas que crecen en el estado y que a su forma de ver “se habían ignorado en pasadas legislaturas”.
“Son problemas que antes no se querían reconocer y que ahora estamos visibilizando; yo he sido satanizada por eso, porque no tengo mordaza para ocultar lo que está pasando”, enfatizó quien además es una víctima indirecta de desaparición de personas.
En ese tenor, reconoció que en la actualidad el principal obstáculo para buscar a los desaparecidos es la delincuencia organizada, pues en jornadas de trabajo en las que participó recientemente sufrieron de acoso; “ya nos rafaguearon hace un mes y medio en Lázaro Cárdenas, por lo que tuvimos que ser evacuados por la Marina”. Una situación similar les pasó en Zacapu, donde escucharon balazos al aire a manera de “bienvenida”, además de hallar una granada sin espoleta que fue detonada por la Guardia Nacional. “Si no hubiésemos ido acompañados por ellos, tal vez varios de nosotros estaríamos muertos”, aseguró la legisladora.
Finalmente, celebró la iniciativa del gobierno del estado para desarmar a las supuestas autodefensas, en específico al grupo Pueblos Unidos, a quienes calificó como delincuentes disfrazados de guardia comunitaria.
