Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) encabezó esta mañana la mesa de diálogo para darle forma a la iniciativa de Ley de prevención y protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, reunión realizada en la Casa Michoacán.
Estos encuentros se han sostenido en otras 13 entidades del país y se espera que entre septiembre y octubre se discuta en un parlamento abierto en el Congreso de la Unión.
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Al encuentro no asistió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tampoco el coordinador general de Comunicación Social, Carlos Márquez, ni el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco, mientras que el secretario de Gobierno Carlos Torres Piña sólo arribó a la inauguración y después se retiró.
En esa ausencia de funcionarios de primer nivel también destacó la del secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, la del fiscal Adrián López Solís y de algún representante del Congreso del Estado.
El pasado 26 de abril, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, firmó un acuerdo con el gobierno estatal para fortalecer el Mecanismo de Protección, pero no se reunió con periodistas ni defensores de derechos humanos.
El diagnóstico en el que se basa esta iniciativa señala que a partir de 2006 se dispararon las agresiones contra comunicadores y activistas, en un entorno donde surgió la llamada guerra contra el narcotráfico.
Irazoque presentó las principales estadísticas de violencia contra estos gremios, con un enfoque que apuntó sobre todo a sexenios anteriores, lo que no gustó a los periodistas locales, quienes reclamaron la falta de autocrítica y la nula capacidad de resolver los crímenes desde el 2018.
En ese tenor, el colectivo Ni uno Más criticó que en los datos mostrados no se incluya el asesinato en enero pasado de Roberto Toledo, trabajador del medio Monitor Michoacán; "Tenemos serias dudas sobre los criterios que el Estado mexicano sigue para determinar quién es o no periodista o bajo qué valoraciones se desestima el ejercicio periodístico como posible causa de la muerte, desaparición o condición de riesgo de un compañero", señalaron.
También abundaron las quejas contra las actuaciones de policías locales, quienes a menudo ignoran principios de protocolo para permitir la labor de cobertura periodística.
El director del portal changoonga.com, Elly Castillo, exhibió que luego de denunciar amenazas contra su medio, pasaron cuatro meses para que se hiciera eco en el Mecanismo de Protección federal, por lo que "no se puede confiar" en el mismo.
Con comunidades indígenas, ausencia de Estado
En la mesa de diálogo también acudieron representantes de comunidades indígenas, como fue el caso de un activista del municipio de Nahuatzen, quien de entrada dijo que el Estado "ha sido el principal obstáculo para luchar por los derechos y la libre determinación".
Acentuó la falta de seguridad pública en los pueblos indígenas, pero también la ausencia de seguridad alimentaria y otras de primera necesidad.
Otro habitante del pueblo, quien se asumió como ex preso político, demandó que de nada sirve lanzar una nueva ley cuando "es el propio gobierno el violentador en las comunidades, en complicidad con el crimen organizado".
Mujeres que forman parte del colectivo MAPAS lamentaron que el encuentro solo se haya remitido a escuchar planteamientos sin implementar mesas individuales de diálogo, lo que no permitirá aportar temas específicos para la iniciativa legal.
Enrique Irazoque precisó que la ley en ciernes pretende distribuir competencias entre distintos niveles de gobierno
