Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Representantes de organizaciones civiles, comunidades indígenas, estudiantes y defensores de derechos humanos se manifestaron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas para exigir al Estado mexicano la aparición con vida del abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, activistas desaparecidos hace 13 días.
El acto, en el que participaron más de 50 personas, se realizó este mediodía en la Plaza de la Paz, donde los inconformes demandaron a las autoridades implementar todas las acciones necesarias para localizarlos.
A la manifestación acudieron sobrevivientes de la masacre de Acteal ocurrida en diciembre de 1997; habitantes del ejido Porvenir y ejidatarios de Bachajón, municipio de Chilón, quienes portaban fotografías, pancartas y mantas con imágenes de los defensores desaparecidos.
En la movilización se hizo un llamado a los asistentes a firmar una misiva para que se intensifique la búsqueda de los activistas, con meta de 15 mil firmas.
A la minera Ternium asentada en Aquila, se pidió que asuma su responsabilidad y ponga presión sobre el grupo minoritario que se presume está detrás de la desaparición, con el que la empresa tiene fuertes vínculos. Finalmente, al Estado mexicano, la reforma integral del sistema de justicia agraria y de su marco legal.
“El prof. Antonio Díaz representa al grupo mayoritario de comuneros, quienes litigan desde hace años, con asesoría de Ricardo Lagunes, con el fin de que se lleve a cabo un proceso de elección democrática. Esto resultaría en la pérdida de poder de un grupo minoritario que apoya incondicionalmente a la empresa minera y que ha gestionado cuantiosos recursos durante años por ese motivo. La familia y los comuneros están convencidos de que este grupo cercano a la empresa minera está detrás de la desaparición de Antonio y Ricardo”, expresaron.
Agregaron que tanto el Tribunal Unitario Agrario como la Procuraduría Agraria han sido sumamente negligentes, favoreciendo con su inacción y con ventajas procesales al grupo de poder minoritario cercano a la empresa minera. “Comparten por tanto responsabilidad en la situación de injusticia social que ha culminado con estas desapariciones”, remataron.
