/ sábado 26 de agosto de 2023

Plan Colosio: el complot en Guatemala para asesinar a presidente electo

Autoridades de Guatemala reforzaron la seguridad del presidente electo por amenazas de muerte

Las autoridades de Guatemala reforzaron la seguridad del presidente electo Bernardo Arévalo, quien debe asumir el 14 de enero de 2024, en medio de versiones sobre el “Plan Colosio”, un supuesto complot para asesinarlo, además de enfrentar otra serie de amenazas graves.

El equipo de seguridad del próximo mandatario de Guatemala tuvo información “preocupante” sobre el supuesto “Plan Colosio” el pasado 15 de agosto, cinco días antes de las votaciones, y que fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reveló el diario español El País.

Puede interesarte: Desconocen victoria de Bernardo Arévalo en Guatemala

Ante la acusación, el refuerzo de seguridad fue exigido por la CIDH a Guatemala para que adoptara “medidas necesarias para proteger” a Arévalo y a la futura vicepresidenta, Karin Herrera, por las amenazas y “la existencia de dos planes para atentar en contra” de ellos.

Según un documento de la CIDH, “al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan para acabar con la vida del propuesto beneficiario”, donde según las fuentes se denominaba el “Plan Colosio”.

El nombre del plan alude al candidato del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, mientras realizaba un acto de campaña rumbo a la Presidencia de México.

El gobierno dijo en un comunicado que “los supuestos planes para atentar contra la vida [de ambos] fueron alertados el 20 de agosto (...), lo que permitió de forma inmediata realizar las coordinaciones necesarias con la Dirección General de la PNC (Policía Nacional Civil) a efecto de brindar mayores medidas de seguridad”.

Por su parte, la Fiscalía General indicó que “obtuvo una alerta e información relacionada a estructuras criminales de pandillas que podría poner en riesgo la vida” de Arévalo, por lo que coordinó con la Policía las medidas necesarias.

En una entrevista para la estación de radio de Guatemala La Red, Arévalo confirmó que recibieron distintos tipos de información con distinto nivel de verificación alrededor de distintos tipos de amenazas y que fueron informaron a la CIDH.

Tanto Arévalo como Herrera ya contaban con escoltas del cuerpo de seguridad de la presidencia guatemalteca desde que pasaron al balotaje, el pasado 25 de junio.

El triunfo del sociólogo y diputado socialdemócrata, que pone fin a 12 años de gobiernos de derecha, ha generado malestar en sectores poderosos públicos y privados acusados de corrupción.

Por su parte, el presidente Alejandro Giammattei hizo un “llamado a la prudencia” a la Corte Interamericana, tras advertir sobre un posible magnicidio.

“Hacemos un llamado a la CIDH a la prudencia. Es necesario que la comisión se pronuncie de manera objetiva y se garantice la imparcialidad por las consecuencias que declaraciones infundadas puedan generar”, puntualizó el Gobierno de Giammattei.

MANIFESTACIONES

Unos 500 guatemaltecos se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía en repudio a las acciones que la entidad ha emprendido en busca de la suspensión del presidente electo y su partido, Movimiento Semilla.

La manifestación tuvo lugar en el centro de la Ciudad de Guatemala frente a la sede del Ministerio Público entidad cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de “socavar” la Justicia en la nación centroamericana.

Desde el 12 de julio pasado, el Ministerio Público ha intentado detener la candidatura de Arévalo de León y Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas en 2018 al fundar el partido.

Los intentos incluyeron el allanamiento del Tribunal Supremo Electoral y del Movimiento Semilla en los últimos dos meses, además de un aviso al Congreso con respecto a la supuesta suspensión del partido ordenada por un juez penal.

Los manifestantes exigieron la renuncia fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y también del fiscal que lleva el caso en contra de Semilla, Rafael Curruchiche.

La fiscal Porras pidió el uso de fuerza pública ante manifestaciones, señaló a usuarios que la han criticado y solicitó medidas cautelares ante CIDH, informó el diario local La Prensa.


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Arévalo de León venció hace una semana a la exprimera dama Sandra Torres Casanova, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Ayer, el partido de Torres denunció un presunto fraude en el balotaje donde perdió ante Arévalo por amplio margen.

“Luego de los análisis realizados se ha podido observar que existen muchas incongruencias, contradicciones y sobre todos variación de datos que evidencian irregularidades que incidieron en los resultados verdaderos de las votaciones”, dijo en un comunicado UNE.

Las autoridades de Guatemala reforzaron la seguridad del presidente electo Bernardo Arévalo, quien debe asumir el 14 de enero de 2024, en medio de versiones sobre el “Plan Colosio”, un supuesto complot para asesinarlo, además de enfrentar otra serie de amenazas graves.

El equipo de seguridad del próximo mandatario de Guatemala tuvo información “preocupante” sobre el supuesto “Plan Colosio” el pasado 15 de agosto, cinco días antes de las votaciones, y que fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reveló el diario español El País.

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Ante la acusación, el refuerzo de seguridad fue exigido por la CIDH a Guatemala para que adoptara “medidas necesarias para proteger” a Arévalo y a la futura vicepresidenta, Karin Herrera, por las amenazas y “la existencia de dos planes para atentar en contra” de ellos.

Según un documento de la CIDH, “al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan para acabar con la vida del propuesto beneficiario”, donde según las fuentes se denominaba el “Plan Colosio”.

El nombre del plan alude al candidato del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, mientras realizaba un acto de campaña rumbo a la Presidencia de México.

El gobierno dijo en un comunicado que “los supuestos planes para atentar contra la vida [de ambos] fueron alertados el 20 de agosto (...), lo que permitió de forma inmediata realizar las coordinaciones necesarias con la Dirección General de la PNC (Policía Nacional Civil) a efecto de brindar mayores medidas de seguridad”.

Por su parte, la Fiscalía General indicó que “obtuvo una alerta e información relacionada a estructuras criminales de pandillas que podría poner en riesgo la vida” de Arévalo, por lo que coordinó con la Policía las medidas necesarias.

En una entrevista para la estación de radio de Guatemala La Red, Arévalo confirmó que recibieron distintos tipos de información con distinto nivel de verificación alrededor de distintos tipos de amenazas y que fueron informaron a la CIDH.

Tanto Arévalo como Herrera ya contaban con escoltas del cuerpo de seguridad de la presidencia guatemalteca desde que pasaron al balotaje, el pasado 25 de junio.

El triunfo del sociólogo y diputado socialdemócrata, que pone fin a 12 años de gobiernos de derecha, ha generado malestar en sectores poderosos públicos y privados acusados de corrupción.

Por su parte, el presidente Alejandro Giammattei hizo un “llamado a la prudencia” a la Corte Interamericana, tras advertir sobre un posible magnicidio.

“Hacemos un llamado a la CIDH a la prudencia. Es necesario que la comisión se pronuncie de manera objetiva y se garantice la imparcialidad por las consecuencias que declaraciones infundadas puedan generar”, puntualizó el Gobierno de Giammattei.

MANIFESTACIONES

Unos 500 guatemaltecos se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía en repudio a las acciones que la entidad ha emprendido en busca de la suspensión del presidente electo y su partido, Movimiento Semilla.

La manifestación tuvo lugar en el centro de la Ciudad de Guatemala frente a la sede del Ministerio Público entidad cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de “socavar” la Justicia en la nación centroamericana.

Desde el 12 de julio pasado, el Ministerio Público ha intentado detener la candidatura de Arévalo de León y Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas en 2018 al fundar el partido.

Los intentos incluyeron el allanamiento del Tribunal Supremo Electoral y del Movimiento Semilla en los últimos dos meses, además de un aviso al Congreso con respecto a la supuesta suspensión del partido ordenada por un juez penal.

Los manifestantes exigieron la renuncia fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y también del fiscal que lleva el caso en contra de Semilla, Rafael Curruchiche.

La fiscal Porras pidió el uso de fuerza pública ante manifestaciones, señaló a usuarios que la han criticado y solicitó medidas cautelares ante CIDH, informó el diario local La Prensa.


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Arévalo de León venció hace una semana a la exprimera dama Sandra Torres Casanova, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Ayer, el partido de Torres denunció un presunto fraude en el balotaje donde perdió ante Arévalo por amplio margen.

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