Morelia, Michoacán.- Después del comunicado emitido por el líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua, donde se informa que los transportistas ganaron el amparo contra la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán, platicó con El Sol de Morelia sobre lo que se prevé de la queja interpuesta por el Ejecutivo Estatal ante esta decisión emitida por las autoridades federales.
Martínez Pasalagua aclaró que no fueron 40 amparos como señaló en agosto pasado la entonces presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Julieta García Zepeda, sino 200.
“Se presentaron amparos colectivos, son más de dos mil concesionarios los que entraron al amparo. Son más de 200 amparos, y aparte el Congreso en sus informes justificados alteró documentos, ya que nosotros habíamos entregado los documentos que acreditaban que se había violado la ley de procedimientos del Congreso del Estado porque nos entregaron el expediente completo de la sesión”.
El resolutivo de haber ganado este amparo ante instancias federales, detalló el dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT), les fue informado la semana pasada.
“Nos lo dijeron los abogados, ellos están pendientes de los amparos, y por ellos nos enteramos que el Gobierno del estado metió una queja, aunque vemos difícil que sea diferente el que se pueda cambiar la resolución por todas las violaciones que cometió el Congreso para aprobar la Ley”.
Cuestionado si el ganar este amparo quiere decir que se detienen al menos momentáneamente la construcción o el desarrollo del cablebús y metrobús en Uruapan y Morelia, respectivamente, comentó: “Al darnos al amparo definitivo se ordena que se detengan las acciones que ejecutaría la Ley hasta que no se resuelva totalmente, es obvio que el metrobús y el cablebús que van dentro de la Ley no se puede mover en nada”.
En el comunicado emitido por el líder transportista y hecho llegar a medios se señala lo siguiente: “El tiempo nos dio la razón y los tribunales dictaminaron en favor el amparo que como gremio transportista interpusimos en contra de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado de Michoacán que fue una imposición votada mediante un albazo legislativo y la represión de la fuerza pública el pasado 1 de junio del año en curso”.
A lo anterior se agrega: “Por evidente tráfico de influencias y compra de conciencias a diputados de la LXXV Legislatura por parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en una sesión llevada a cabo en un salón de fiestas ubicado al sur de la ciudad de Morelia, al margen de lo que obligan las reglas, aprobaron la ley en mención”.
En dicho texto Martínez Pasalagua convoca a los transportistas del estado a mantenerse unidos por la defensa de que se respeten sus derechos como servidores públicos.
“Nos vimos en la necesidad de recurrir a los juzgados federales para promover un amparo en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, porque fuimos excluidos de manera sistemática de los procesos de análisis y valoración de las propuestas, evidenciando un foro legislativo que más que propiciar el diálogo, validaba un atropello a nuestros derechos como concesionarios”.
De igual forma en el texto reitera la importancia del diálogo y apertura para escuchar a los prestadores del servicio del transporte público en la entidad, destacando, no son adversarios de la modernidad ya que es su interés que las acciones gubernamentales sean transparentes y de beneficio colectivo y no solo de unos cuantos.
La Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán fue aprobada el pasado 1 de julio de 2023 por la 75 Legislatura del Congreso de Michoacán.
