Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- De diez a veinte años de prisión y de quinientos a mil unidades de medida y actualización de multa, es la propuesta en el Congreso para todo servidor público que incurra en el delito de tortura a fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva.
Las sanciones antes señaladas forman parte de la propuesta de iniciativa para que en Michoacán exista una Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La iniciativa de ley, también indica que se impondrán de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa a quienes con la autorización, el apoyo o consentimiento de un servidor Público cometa alguna el delito de tortura.
De acuerdo con la información presentada en la propuesta de ley por los diputados, Margarita López, Julieta García Zepeda y Juan Carlos Barragán, Michoacán se ubica en la posición número 11 a nivel nacional con el 51.5 por ciento de la población privada de la libertad que sufrió algún acto de agresión física después de la detención y antes de llegar al ministerio público.
Los hombres privados de la libertad en Michoacán que representan el 49.1 por ciento confirmó haber sufrido agresiones físicas, mientras que en el caso de las mujeres fue el 38 por ciento quien mencionó que al ser detenidas sufrieron agresiones físicas. El 15.5 por ciento, dijo que fue víctima de agresiones sexuales por parte de la autoridad o policía que la detuvo.
La tortura es infligida durante las detenciones y se comete por los servidores públicos para no dejar marcas o rastros de la violencia, por ello, se recurre a métodos que no dejen marcas en el cuerpo o rastros visibles, por ejemplo: la semiasfixia con bolsas de plástico las descargas eléctricas o los golpes en determinadas partes del cuerpo, o las palizas en lugares como el tórax, estomago, cabeza, piernas y oídos.
La propuesta de ley, también indica que el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial.El servidor público que cometa el delito será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo o empleo.
