Francisco Valenzuela | El Sol de Morelia
La realización de la Fiesta de la Kuinchekua, programada para el 18, 19 y 20 de marzo en las Yácatas de Tzintzuntan, no tomó en cuenta la opinión consensuada de las comunidades de la zona, tal como lo mandata la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, misma que entró en vigor el 17 de enero del presente año.
Así lo reconoció Cardiela Amézcua Luna, directora de Vinculación e Integración Cultural de la Secretaría de Cultura del estado (Secum), quien en entrevista dijo que apenas el día martes se tuvo una reunión con los participantes del espectáculo, a quienes se les integró en un ejercicio participativo para tocar el tema de la referida ley.
Sin embargo, por lo apresurado del montaje, ya no fue posible acatar puntos básicos de esa legislación, misma que establece sanciones cuando se hace “una apropiación indebida, uso, aprovechamiento, comercialización o reproducción del patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales, según corresponda, cuando no exista el consentimiento libre, previo e informado o se vulnere su patrimonio”.
En este caso, ni la Secum ni la Secretaría de Turismo, otra de las instancias promotoras, se dieron a la tarea de obtener el consentimiento previo e informado entre los habitantes de pueblos como Capacuaro, Jarácuaro, Santa Fe de la Laguna, Cucuchucho, Janitzio, San Juan Nuevo Paranguricutiro, Tarecuato, Nurío, Cuitzeo, Tepalcatepec, Tiríndaro y Sahuayo, solo por mencionar algunas que integran la tradición.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación, esta ley se conforma por 75 artículos y cinco preceptos transitorios, que tienen como objetivo reconocer y garantizar el derecho de propiedad de dichos pueblos y comunidades sobre los elementos que conforman su patrimonio cultural. En ese contexto, cuando se producen espectáculos con fines de lucro como la Kuinchekua, se mandata que se informe con antelación a las comunidades, quienes tienen la facultad de autorizar o negarse a tales pretensiones.
Consultada sobre el tema, la diputada federal Edna Díaz Acevedo (PRD), quien votó a favor de la ley, refiere que para conocer si se hizo o no una consulta previa buscó al secretario de Turismo, Roberto Monroy, pero nunca obtuvo respuesta. “De su parte no tengo una versión, mientras que el presidente municipal de Tzintzuntzan, Guadalupe Ramírez Reyes, me dijo que al conocer la propuesta hubo mucha inconformidad, sobre todo de que fueran utilizados como un producto turístico”.
En ese tenor, la legisladora expresa no estar de acuerdo con que se monte un “show” para dar a conocer dicha tradición, pues “es una manera errónea de abordar la riqueza cultural de la entidad”. Al final, el alcalde dijo que sí se alcanzó un acuerdo con los participantes, quienes recibirán individuamente un pago de 3 mil 500 pesos por su participación, cantidad que irá libre de impuestos.
Sobre el tema, el promotor cultural de la región purépecha Pedro Victoriano Cruz lamentó que la naciente ley sea letra muerta y se haya ignorado no solo a esa representatividad, sino también a los habitantes nahuas, mazahuas, pirindas y otomíes, que ni siquiera aparecen contemplados en el programa. Además, concuerda en que el patrimonio es llevado a un espectáculo comercial efímero, que en su mayoría impacta en el sector de empresarios, y no en la economía de las comunidades.
Edna Díaz añade que si alguno de los habitantes originarios se inconforma con el espectáculo montado por la Secum y Sectur por considerarlo apropiación cultural o explotación comercial, puede acudir a instancias como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).
La ley prevé sanciones desde 500 y hasta 50 mil UMAS (Unidad de Medida y Actualización) que hoy en día equivalen a 96 pesos por unidad. Si la demanda es por aprovechamiento cultural indebido, la ley prevé multas similares, pero también prisión por dos a 10 años.
