Morelia, Michoacán (OEM- Infomex).- En Michoacán se estima que el 60% de las mujeres víctimas de feminicidio u homicidios eran madres de al menos un menor de edad, según cifras de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), niños que son víctimas secundarias de la violencia de género.
La dependencia estatal informó que en el 2021 se tienen detectados alrededor de 120 niños que quedaron en orfandad por la violencia contra su madre, el 80% de los casos ejercida por su propio padre, y en muchas ocasiones fueron testigos de las agresiones y del asesinato de quien les dio la vida.
A través del protocolo para hijas, hijos y adolescentes víctimas indirectas de feminicidios y homicidios de sus madres se han apoyado a 15 menores con ayuda psicológica y en salud, así como becas para que puedan continuar con sus estudios.
La directora de humanas Sin Violencia, A.C., Circe López Riofrío, resaltó que el Estado no ha podido valorar el impacto que tiene en la sociedad el asesinato de una mujer, quien deja a sus hijos desprotegidos y en situación de vulnerabilidad, además no se les da seguimiento y en algunos casos se quedan con la familia de la parte agresora.
“No se han hecho las modificaciones necesarias, una cosa es un protocolo que indica qué hacer las instituciones, celebramos la creación de los protocolos, pero a mí me parece que en el estado de Michoacán, dentro de la alerta, tendría que etiquetar recursos para la atención de estos menores”, mencionó.
En entrevista exclusiva, la activista opinó que el DIF ve a los menores como grupos asistenciales, es decir, que existe una temporalidad sobre los apoyos, y con necesidades similares al resto de los niños y niñas que son atendidos por esta instancia, cuando no debería de ser así.
Resaltó que en la mayoría de los casos la familia materna, que es con quien los niños suelen quedarse, no tienen los recursos económicos ni condiciones físicas para que puedan otorgar lo que se requiere para la crianza de un hijo de una madre asesinada.
“Nosotras vemos con mucha tristeza que la reparación integral del daño se queda muy corta, si bien el agresor tiene que cumplir con la reparación del daño, en la mayoría de los casos no lo hace y quienes lo hacen venden los bienes adquiridos entre la pareja que pudieran cumplir como el pago de la reparación del daño, y los menores se quedan en nada”, precisó.
Circe López mencionó que la reparación del daño debería ser puesta en el fideicomiso o con una persona que garantice que esos recursos llegarán a los menores porque pueden ser víctimas de sus propios familiares, quienes a veces se quedan a cargo de ellos no porque lo deseen sino por mantener el dinero de la relación del daño, por lo que el gobierno debería dar seguimiento a esos casos.
Relató que como Humanas Sin Violencia han sido muy estrictas en el tema de con quién se quedan los niños y niñas, en buscar que no se queden con las familias paternas del agresor, ya que en algunos casos así a sucedido.
“Nosotras hace algunos años detectamos como los pequeños de una madre víctima de feminicidio se quedaron con la familia paterna y estos crecieron creyendo que su mamá merecía ser asesinada e incluso perdonando a su papá; es un asunto terrible en la forma mental de crecimiento, es devastadora y suelen seguir patrones”.
Finalmente, dijo que no se han dado los cambios necesarios porque hace falta precisar algunas cosas, sin embargo, reconoció que se ha dado el primer paso con los protocolos.
