Morelia, Michoacán (OEM Infomex).- El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, señaló que la propuesta para crear un padrón de funcionarios sancionados por violaciones a los derechos humanos no afectará a las aspiraciones políticas de elección popular, pues la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo donde indica que no se puede limitar el derecho a ser votado por este tipo de conductas.
Recordó que el propio Plan B recientemente aprobado por los senadores indica que por resolución judicial o administrativa no se pueden limitar los derechos políticos. “La señal que se manda no es la más recomendable, porque ya se había avanzado en sancionar la violencia política de género, por lo que ahora se abre la puerta a que sigan existiendo esas violaciones y en su momento no pase nada”.
En entrevista con medios de comunicación, aceptó que dichos frenos representan un retroceso, pues el cúmulo de violaciones finalmente no van a trascender. Añadió que iniciativas como la Tres de tres contra la violencia de género va en la misma lógica, por lo que se tienen que buscar más mecanismos legales para que no quede en papel.
El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) Marco Antonio Tinoco Álvarez, anunció hace un par de días que a partir de junio la entidad tendrá un padrón de funcionarios públicos sancionados por violar de forma constante las garantías individuales, pero lo lista solo quedaría en un documento que finalmente no incide en quienes quieran buscar un puesto a través del voto.
“En este momento no me atrevería a afirmar que aquellos que han cometido violencia política de género no se van a poder registrar (como candidatos)”, aceptó Ignacio Hurtado, quien abundó en que se tiene que revisar la legislación local. Lamentablemente esto da la señal de “violéntese a la mujer, que no pasa nada”, lamentó.
Dijo que en este sentido podría haber normas que chocan entre sí, pero se deberá privilegiar lo constitucional, y en esa escala se defienden los derechos humanos y los derechos de la mujer, lo que debería sancionar a quienes por ejemplo tienen denuncias por ser deudores alimentarios.
