Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Alberto Adame Ochoa, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) reprobó que el gobierno federal haya dado facultades al Ejército Mexicano para la realización de las obras emblemáticas del sexenio, pues lo considera una competencia desleal que afecta al sector empresarial.
Entrevistado en el marco de una firma de convenio con el Sindicato de Operadores de Maquinaria Pesada, sostuvo que el Ejército se tiene que orientar a sus tareas de seguridad y ayuda en situación de desastres, así como construir sus propias instalaciones, “pero cuando hablamos de obras de uso público, para eso estamos los ingenieros civiles, los arquitectos, los constructores”.
Reprochó que las obras más icónicas de esta administración, como el Tren Maya y los hoteles en la zona, el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) y los Bancos del Bienestar hayan sido adjudicadas a los militares:
“No dudo de su capacidad, pero sus tareas son otras”, insistió.
En ese sentido, dijo que la iniciativa privada debe estar más organizada para combatir esta política de Estado y no descartó que en el corto plazo interpongan recursos legales. Añadió que, en el ámbito de las organizaciones, las cámaras de constructores son aliadas del gobierno en detrimento de las asociaciones civiles como la AMIC, lo que también es un desequilibrio en el gremio.
“Se están formando monopolios, si no perteneces al Ejército, si no te registras en obras militares, quedas fuera; eso equivale a que en las universidades mejor se enseñe obra militar, no civil”, remató.
Para la construcción de AIFA, la Secretaría de la Defensa Nacional obtuvo un presupuesto de 74 mil millones de pesos, mientras que 10 mil millones se erogaron para las sucursales del Banco del Bienestar. El Tren Maya presupuestó 200 mil millones de pesos para el tramo a cargo del Ejército; el aeropuerto de Tulum 985 millones y la rehabilitación de hospitales abandonados otros 10 mil millones.
Inseguridad pega a la industria
Adame Ochoa reconoció que en el territorio nacional los constructores sufren de robos de maquinaria en pequeña escala, pero cuando presentan las denuncias no hay ninguna solución. Además, trasladar máquinas de un estado a otro es un riesgo en las carreteras, y aunque han tenido reuniones con la Secretaría de Seguridad Pública federal, en los hechos la delincuencia no para.
Por otra parte, la adjudicación de obra en los estados sigue teniendo al “moche” como un lugar común, dijo el empresario. “Si me pides que lo denuncie no lo puedo comprobar, porque no tenemos acceso a la información bancaria; como se dice por ahí, no tengo las pruebas pero tampoco dudas”, finalizó.
