Morelia, Mich; (OEM-Infomex). De un total de 29 acciones fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el rubro de seguridad pública de la cuenta pública 2018, se detectaron irregularidades por cinco millones 510 mil 908 pesos en recursos transferidos a Michoacán del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal.
De acuerdo con la segunda entrega del proceso de fiscalización, la entidad no presentó documentación justificativa y comprobatoria de operaciones y manejo de recursos destinados para reforzar el sistema de seguridad pública, de manera que se le aplicaron cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, un pliego de observaciones y dos recomendaciones.
Conforme al documento, durante el Ejercicio Fiscal 2018 se transfirieron a Michoacán 101 millones 548 mil pesos del fondo de aportaciones para seguridad pública, de los cuales se revisó una muestra de 98.6 por ciento y se presumió posible daño a la Hacienda Pública federal por más de cinco millones de pesos por no entregar en su totalidad los recursos a las dependencias correspondientes.
Se detalla que el gobierno del estado comprometió y devengó poco más de 100 millones de pesos de los recursos transferidos del fondo al 31 de diciembre de 2018, mismos que se pagaron el último día de marzo del año en curso, por lo que un millón 465 mil pesos fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas y Administración el 7 de enero del 2019 y ésta a su vez los entregó a la Tesorería federal 10 días después.
Ese monto señalado no se ejerció ni destinó a los fines y objetivos del fondo, mientras que la mayor asignación de los recursos fue para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con 32 millones 851 mil pesos; la PGJ (hoy Fiscalía General del Estado) con 29 millones 54 mil pesos; a los municipios con 16 millones 337 mil pesos; a los Centros de Rehabilitación Social (Ceresos) con 10 millones 334 mil pesos; para el Centro Estatal de Control y Confianza C3 por siete millones 867 mil pesos; al Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial con tres millones 150 mil pesos y al SESESP un millón 953 mil pesos.
El porcentaje pagado por dependencia, según refiere el documento, fue de 100 por ciento en el caso del C3; 99 por ciento a los municipios; 95 por ciento a la Fiscalía; 81 por ciento a la SSP; 80 por ciento al IEESSPP; 63 por ciento a los Ceresos y 58 por ciento al SESESP.
Además el estado reportó 14 mil 279 metas en la estructura presupuestaria para el seguimiento de los recursos 2018, pero al finalizar el año quedaron pendientes por alcanzar 229 metas, lo que representó 1.6 por ciento.
Las estadísticas también refieren que en 2018, la entidad tenía 11 mil 257 elementos policiales distribuidos en mil 395 en los centros de readaptación social; cuatro mil 62 en la Secretaría de Seguridad Pública; mil 939 en la Fiscalía General del Estado y tres mil 861 policías municipales. Lo que arroja un indicador de 8.8 policías por cada mil habitantes.
Por lo que en general, la ASF consideró que “el gobierno del estado de Michoacán no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, lo que incidió en la irregularidad determinada en la auditoría”.
