imagotipo

Contraloría mexiquense sancionará a 21 municipios

  • El Sol de Toluca
  • en República

Violeta Huerta

TOLUCA, Méx. (OEM-Informex).- Los 21 municipios que violan la Ley de Ingresos al tener deudas que representan más del 40 por ciento de su presupuesto podrían ser sancionados administrativamente, pues el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) enviará la lista a la Contraloría de la Legislatura local para que inicie los procedimientos necesarios.

El auditor superior del Estado de México, Fernando Baz Ferreira, afirmó que violar la ley implica una responsabilidad administrativa y ellos turnarán una lista a la contraloría para que se investigue, aunque algunos casos datan de administraciones pasadas.

“Corresponde a la contraloría porque son faltas administrativas, nosotros denunciamos las faltas al contralor de la Legislatura, se remite la lista; cuando encontramos una falta administrativa se da vista a la contraloría, si es de tipo resarcitorio nosotros le damos el seguimiento”.

Este medio publicó que aun cuando la Ley de Ingresos prohíbe a todos los municipios tener deudas superiores al 40 por ciento de sus ingresos anuales, en el Estado de México hay ayuntamientos con pasivos que no alcanzan a pagar ni con todo su presupuesto, y en total, son 21 los municipios con deudas ilegales, y dos de ellos mayores al 100 por ciento de sus ingresos

No obstante, Baz Ferreira dijo que al Osfem no le corresponde aplicar sanciones, pues la competencia es de la contraloría de la Legislatura, ya que se trata de una violación a la norma, y cuando hay daños al erario ya es ámbito del Órgano Superior.

Hasta hace unas semanas el propio contralor, Victorino Barrios dijo que los municipios mexiquenses -que reiteradamente han violado la ley por tener deudas superiores a sus ingresos- no habían sido denunciados ante la Contraloría del Poder Legislativo, por lo cual no tenía elementos para actuar.

No obstante, advirtió que la responsabilidad no solo sería para el alcalde; sino para todos los integrantes de los cabildos que hubieran avalado la contratación de créditos por encima de las posibilidades de las demarcaciones; e incluso para los diputados, si ellos hubieran autorizado un crédito superior a lo permitido.