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Jacobson sobre Venezuela: países del continente deben defender democracia de Venezuela

Por Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México
Exclusivo para la Organización Editorial Mexicana

 

La diversa familia de naciones del continente Americano reconoce a la democracia como parte de nuestro ADN colectivo. Por décadas, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido el foro para discutir nuestros más grandes retos y tomar acciones para hacerles frente. De manera especial después de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana en 2001, la OEA ha respondido eficazmente a los retos que usurparon o trataron de usurpar el poder de gobiernos elegidos democráticamente,  El reto que enfrentamos hoy es la espiral letal de la democracia en Venezuela.

El gobierno de Nicolás Maduro ha minado desde adentro, sin descanso e intencionadamente las otras ramas constitucionales de gobierno.Desde que los partidos de oposición ganaron la mayoría de curules en 2015, la Asamblea Nacional de Venezuela ha sido sistemáticamente sofocada por el gobierno de Maduro.

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Cuando el pueblo venezolano trató de llamar a cuentas a su gobierno convocando a votar para determinar el liderazgo de Maduro al frente del gobierno a través de un referéndum revocatorio, el gobierno se escondió de nuevo tras reclamos vagos y no probados de fraude para retrasar el referéndum y, cuando fue claro que el gobierno perdería el proceso, entonces participó en un diálogo que él mismo saboteó.

Maduro depende cada vez más de los militares venezolanos para controlar la economía, intimidar a sus oponentes y reprimir el descontento popular.  Más de 331 civiles venezolanos han sido detenidos y procesados por cortes militares en juicios secretos. Sin embargo, la Constitución de Venezuela claramente establece que la jurisdicción de las cortes militares se limita a ofensas de naturaleza militar. El mismo Procurador General de Venezuela, designado por el entonces presidente Hugo Chávez en 2007 ha condenado tales juicios y se le ha negado acceso a los detenidos.

El gobierno de Maduro ha tenido todas las oportunidades de acabar con esta marcha que los aleja de la democracia. En noviembre pasado, en un diálogo con la presencia de  enviados del Vaticano, prometió en una declaración conjunta con la oposición política que se comportaría “estrictamente dentro del marco constitucional: una senda democrática, pacífica y electoral”. Sin embargo y de manera sorprendente, el régimen no puso en práctica ninguno de los compromisos públicos que suscribió como resultado de las conversaciones y, en vez de ello, ha seguido saboteando la democracia venezolana.

Al hacer frente a una economía que se tambalea y a la insatisfacción popular, el régimen de Maduro está destruyendo ahora los últimos vestigios del orden democrático. El gobierno se ha embarcado en convocar una asamblea constituyente para abandonar la constitución de Chávez y escribir una nueva en un proceso que de manera instantánea eliminaría la Asamblea Nacional Actual, la Procuraduría General de Justicia y otras instituciones vigentes aún, pisoteando el sufragio popular y otras exigencias constitucionales.

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Cuando un gobierno rompe con la democracia, debemos actuar solidariamente con su pueblo. No mediante la intervención o interferencia, sino a través de la diplomacia y la mediación entre todas las partes para ayudar a encontrar una solución pacífica, democrática y amplia. Debemos preguntarnos: si estas cosas estuvieran pasando en nuestros propios países, ¿acaso no desearíamos que el resto de la familia de naciones del continente se pronunciaran y trataran de extender la mano con el fin de ayudar a restaurar las libertades democráticas fundamentales y el respeto a las instituciones constitucionales?

Tal como el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, lo dijo perfectamente: “A mí como mexicano no me gustaría que, si de pronto en México hay un atentado tan grave contra la democracia, se cancelan elecciones, se desconociera el Poder Legislativo, se encarcelara a los opositores, se utilicen los tribunales militares para enjuiciar a quienes marchan contra el gobierno. Si esto ocurriera en mi país, a mí no me gustaría que la comunidad internacional mostrara indiferencia y adoptara criterios de política exterior que le permitieran estar ausentes del tema”.

Los efectos secundarios de la crisis venezolana son serios y están creciendo, ya sea en los flujos de migrantes irregulares a países de nuestra región o el creciente flujo de armas y actividad criminal que afectan especialmente al Caribe.

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos es el conducto para que nos unamos como región y actuemos para promover negociaciones en Caracas con la finalidad de que retorne el respeto por la democracia, se ponga fin a la violencia polarizante y se ayude al pueblo venezolano a recuperar sus derechos democráticos y el poder.

México, los Estados Unidos y la mayoría de los países de nuestro hemisferio están unidos en nuestra determinación de encontrar una solución democrática a la situación insostenible e injustificada en la que Maduro ha puesto al pueblo venezolano.

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