Luego del asesinato de tres periodistas en México, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigió la investigación exhaustiva de estos casos y urgió a dar con los responsables para que rindan cuentas ante la justicia.
“La situación de periodistas y defensores de derechos humanos en México continúa siendo muy preocupante” afirmó Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, quien alertó que con estos asesinatos, ya son al menos 10 los periodistas asesinados durante 2019.
Al condenar la muerte de los periodistas Rogelio Barragán Pérez, Edgar Alberto Nava López y Jorge Celestino Ruiz Vázquez, la ONU-DH demandó a las autoridades adoptar las medidas de protección y atención necesarias a cada caso y señaló que será imperante que en las investigaciones que se realicen se agoten todas las líneas de investigación, incluida la actividad periodística como factor determinante.
Así mismo, llamó a no desechar las amenazas y ataques previos que se habían producido, e incluso denunciado, en algunos de los casos.
“Poner fin a ésta será la mejor medida de prevención de agresiones y de protección de quienes se dedican al ejercicio de la actividad periodística.” agregó el Jan Jarab.
Cabe recordar que Rogelio Barragán Pérez, fue localizado sin vida en el municipio de Zacatepec, Morelos, el 30 de julio, colaboraba con el medio Guerrero al Instante.
Edgar Alberto Nava López, director de La Verdad de Zihuatanejo, quien fue asesinado el pasado 2 de agosto en Zihuatanejo, Guerrero, luego de recibir amenazas previamente por su labor periodística.
Jorge Celestino Ruiz Vázquez, asesinado el 2 de agosto en Actopan, Veracruz, colaboraba con el periódico El Gráfico, de Xalapa. El señor Ruiz había denunciado con anterioridad ataques y amenazas en su contra ante la fiscalía estatal y contaba con medidas de protección otorgadas por las autoridades estatales.
También, se denunció que a estos asesinatos se suman otros ataques contra medios de comunicación como el ataque contra las instalaciones de El Monitor de Parral el pasado miércoles 31 de julio, en el que, “si bien no perdió la vida ninguno de sus colaboradores, sí estuvieron en riesgo”, señala.
“Ante estos hechos el medio de comunicación anunció su intención de dejar de publicar información relacionada con temáticas como seguridad o crimen, lo cual demuestra el efecto que este tipo de agresiones tiene sobre la libertad de expresión y sobre el derecho de la sociedad a acceder a información”, advirtió.
