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Legisladores tienen deuda con el Ejército, admite comisión bicameral

  • Armando Ruiz
  • en México

  • En enero inicia el diálogo con los titulares de Sedena, Semar y CNSP
  • Se busca afinar la Ley de Seguridad Interior; es posible el extraordinario
  • Académicos y sociedad civil piden discutirla ampliamente y sin prisas

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior es una deuda que tienen los legisladores con las Fuerzas Armadas, la institución con el mayor prestigio a consideración de los ciudadanos.

Es por ello que diputados y senadores iniciarán los trabajos conjuntos para sacarla adelante a partir de enero. Las primeras reuniones serán con los titulares de Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, así como con el titular de la Comisión Nacional de Seguridad Pública y Policía Federal, entre otros.

El proceso de la discusión de la Ley de Seguridad Interior parte de dos iniciativas presentadas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Una de ellas es impulsada por el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, y una más por el líder de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz y de la diputada Martha Sofía Tamayo, las cuales buscan dar el respaldo legal a las fuerzas militares y normalizar su actuación en acciones de seguridad pública, en la que ha venido auxiliando desde hace 10 años a las policías estatales y municipales en las calles de varias entidades federativas.

La propuesta presentada en septiembre pasado por el panista plantea que las fuerzas Armadas podrán intervenir en dichas labores solo cuando exista una “declaratoria de afectación de la seguridad interior”, a petición del Ejecutivo federal, los gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Senado o por mayoría en algún Congreso local.

La Ley de Seguridad Interior plantea también la integración de un Comité de Seguridad Interior, que será la instancia superior de coordinación en el marco del Consejo de Seguridad Nacional, integrado por el Secretario de Gobernación (quien lo presidirá), y los titulares de la Defensa Nacional, de Marina, de Relaciones Exteriores, así como el fiscal General de la República, el comisionado Nacional de Seguridad, el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el comisario general de la Policía Federal, el director general del CISEN como secretario técnico del Comité y el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión.

Se establece además que la “declaratoria de afectación de la seguridad interior” será temporal y podrá darse por concluida mediante acuerdo del Presidente de la República o votación en el Senado, previo dictamen de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

La iniciativa del PAN propone la intervención de comunicaciones privadas, la extracción de información, la geolocalización y entrega de datos conservados de sistemas informáticos, como técnicas especiales de investigación en materia de seguridad interior bajo control judicial y sin que sea necesaria la emisión de la declaratoria de afectación.

Las facultades en la materia se otorgan exclusivamente al CISEN, previéndose mecanismos de compartición e intercambio de información entre las diversas instancias -CISEN, Sedena, Semar, CNS y FGR- en el seno del Comité de Seguridad Interior a través de un Subcomité Especializado en Inteligencia.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

PROPUESTA DEL PRI, RESPALDADA POR LA SEDENA

La propuesta presentada a la Cámara de Diputados por los legisladores del PRI diferencia la seguridad nacional de la interior, y prevé la participación del Ejército y la Marina en acciones de orden interno, que serían coordinadas por la Secretaría de Gobernación.

La propuesta prevé que militares y marinos puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información y obligaría a las instituciones gubernamentales, así como a los órganos autónomos, a proporcionar información.

Plantea además que entre las amenazas concretas que ameritarían la intervención del Ejército y la Armada se consideran: fenómenos por cambio climático, corrupción, deficiencia en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico ilícito de armas de fuego, entre otros.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación para su dictamen, y se dice que contó con el visto bueno del titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos.

La propuesta de Camacho y Tamayo permite, bajo el principio de gradualidad en el uso de la fuerza, disponer de las fuerzas armadas como la última ratio del poder nacional.

La iniciativa prevé el apoyo del Consejo de Seguridad Nacional, para determinar la intervención de la Federación en temas de seguridad interior, así como del secretario de Gobernación, en su carácter de secretario ejecutivo del Consejo, para coordinar el análisis estratégico de las amenazas. La intervención se hará a partir de acciones de seguridad interior y de acciones de orden interno.

Por su parte, se presentan opiniones contrapuestas entre diputados por un lado, y académicos y organizaciones civiles en otro.

Diputados van por extraordinario; la academia y organizaciones civiles piden a legisladores tomarse su tiempo

El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el diputado Waldo Fernández, aseguró a El Sol de México que existen todas las condiciones para que se convoque en el Congreso de la Unión a un periodo extraordinario con el fin de aprobar la Ley de Seguridad Interior.

“Hay que darle a las fuerzas armadas un marco jurídico. Las fuerzas armadas hace ya casi 10 años que por una decisión del Ejecutivo fueron solicitados su apoyo para intervenir en tareas de seguridad interior o de seguridad. Y desde ahí la clase política se ha visto, al menos mezquina, al no darles un marco legal de actuación. Necesitamos ya darle a las fuerzas armadas certeza jurídica, porque ¿qué es lo que sucede? Que todos los gobernadores o alcaldes dicen, que vengan las fuerzas armadas, cuando son a veces casos de seguridad pública común que ellos pueden atender, generan una expectativa en el ciudadano y luego vemos a nuestras fuerzas armadas trabajando en beneficio de la sociedad, pero sin un marco legal que les permita saber cuáles son los protocolos para seguir en cada caso. ¿Cuándo deben intervenir y cuándo no? Y sobre todo, ¿cuándo deben de regresar a su cuartel?”.

En contraste, académicos y representantes de organizaciones civiles pidieron que la Ley de Seguridad Interna se discuta de manera amplia y sin prisas. Consideraron que “un periodo extraordinario no sería suficiente para analizarla a fondo y para escuchar todas las voces”.

En su oportunidad, la investigadora del CIDE, Catalina Pérez Correa, dijo que se debe transparentar la actuación de las Fuerzas Armadas, pero “no al vapor”.

“Tenemos muchas preocupaciones porque este concepto nadie ha sido capaz de definir realmente cuál es la diferencia entre la Seguridad Nacional, la Seguridad Pública y Seguridad Interior, lo que lleva es a que las fuerzas armadas continúen haciendo las tareas de seguridad pública pero bajo un marco que es propio de la Seguridad Nacional, es decir, sin transparencia, sin rendición de cuentas y sin controles serios sobre sus actuaciones”.

A su vez, Santiago Aguirre, representante del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, expresó que tanto la reglamentación del artículo 29 Constitucional, que establece los casos para declarar el Estado de Excepción, como la Ley de Seguridad Interior, deberán atender a las recomendaciones de los organismos internacionales.

“Ya desde 2003 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su informe sobre Venezuela señaló expresamente que es fundamental la separación clara y precisa entre la Seguridad Interior y la seguridad pública y la Defensa Nacional como función de las Fuerzas Armadas. Lo que hace esta propuesta es justamente confundir el concepto de Seguridad Interior con el de Seguridad Nacional para ampliar la participación de las fuerzas armadas en tareas que son ajenas a su diseño constitucional. Ambos procesos marcados por la opacidad por la premura, precipitación y ausencia de debate exhaustivo y amplio que incluya a la sociedad civil”, opinó.

Para Liza Sánchez, de la organización México Unido contra la Delincuencia, la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a lo largo de una década ha traído consigo un gran desgaste institucional, no solo para las autoridades civiles sino también para las fuerzas armadas.

“Estamos preocupados por el deterioro de derechos humanos, por el deterioro de las garantías procesales, por lo que significaría para el Estado de Derecho y sobre todo porque nos parece que hay elementos clave que están ausentes de todos los proyectos, empezando precisamente por la declaración de objetivos precisos que nos permitan no solo identificar cuándo se podrá declarar la afectación de la seguridad interior, sino cuándo se puede terminar esa suspensión, cuándo se puede volver a la normalidad, cuándo se considera que el objetivo está cumplido. Lo siguiente: los mecanismos de transparencia, nos preocupa la clasificación sensible ante toda la información que se genere ante la suspensión de garantizas, el hecho de que ni la academia ni la sociedad civil puedan acceder a esos datos por considerarse confidenciales”.

Asimismo, Sánchez reiteró que la autoridad civil tiene que mantener su responsabilidad en la procuración de servicios de seguridad a la ciudadanía y que no puede seguir abandonando el trabajo de profesionalización.

“No nos parece correcto que fuerzas armadas ejerzan acciones de policía, pero tampoco nos parece correcto que ejerzan funciones ministeriales. Un plan de retorno, lograr el regreso de nuestras fuerzas armadas hacia sus labores constitucionales y de fortalecimiento de las autoridades civiles para la procuración de justicia y seguridad, en todo el territorio nacional”, consideró.

Mientras el PRI busca que la Cámara de origen sea la de Diputados, encabezados por César Camacho, por otro lado el PAN y el PRD pretenden que se aborden de la mano la Ley de Seguridad Interior y Mando Mixto. Para aprobarse un periodo extraordinario deberá existir primero un dictamen, de no lograrse esto, se podría postergar hasta el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso que arranca en febrero de 2017.

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