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Caída de edificios, culpa del gobierno: Moreno Brizuela

  • Sergio PérezTrejo
  • en Metrópoli

Ante la muerte de 228 personas por el sismo del 19-S en la CDMX, las cuales pudieron evitarse de haber aplicado el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México (artículo 71), existe la posibilidad de fincar el delito de negligencia criminal a las autoridades del gobierno capitalino, señaló Elías Miguel Moreno Brizuela, dirigente de la organización ciudadana Unidos por un México de Pie.

El ex secretario de Protección Civil de la Ciudad de México se pronunció por el reordenamiento territorial de la Ciudad de México ante el inminente caos que se registra en la capital del país y que obliga a crear un Programa de Reconstrucción para la megalópolis en el cual se incluya el Atlas de Peligros y Riesgos para que se acabe con la especulación inmobiliaria.

Urge, dijo, que este Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México “quede blindado contra corrupción para poder conocer las condiciones de los suelos y poder edificar vivienda de manera segura”.

Precisó que ya un Reglamento que contempla la renovación, cada cinco años o después de un sismo, de la constancia de seguridad estructural de escuelas, hospitales, edificios públicos y edificios de condominios, “esto se ha convertido en un precepto básico de la protección civil en la ciudad”.

Elías Miguel Moreno Brizuela recordó el sismo del 7 de septiembre cuya magnitud fue de 8.2 grados en la escala de Richter y que por tanto, en la Ciudad de México, después de este evento se debieron revisar todos los hospitales, escuelas, edificios públicos y condominios.

El dirigente de la Organización Ciudadana “Unidos por un México de Pie”, indicó que considerando los datos oficiales de especialistas en ingeniería de la UNAM de que en la Ciudad de México se derrumbaron 38 edificios y se tiene un registro de 12 mil con reportes de daños de los cuales sólo cuatro mil han sido verificados, es evidente que el Estado y los gobiernos locales, así como las demarcaciones deben abandonar la lógica del mercado.

Ante las irresponsabilidades gubernamentales, evidenciadas por el sismo, al venirse abajo numerosos inmuebles que cobraron víctimas, “la ciudadanía deberá participar en la vigilancia y seguimiento de las acciones de gobierno”, dijo Judith Morales de la Comisión por la Defensa del Agua del Pueblo Santa María Nativitas Zacapan, Contraloría Social y Ciudadana.

Dicha organización social está en la actualidad muy involucrada en el apoyo a los damnificados de Xochimilco y en las consecuencias generadas por el sismo, como la falta de agua, el agrietamiento y aparición de socavones, en los caminos y carreteras de la zona.

Subrayó que ante todos los daños registrados por el movimiento telúrico, algunos de los cuales pudieron evitarse, “no se permitirá que el gobierno lleve a cabo medidas al vapor”.

Se destacó que ante una obligada reconstrucción, no sólo en Atlapulco donde más de 600 viviendas resultaron dañadas,  sino en toda la Ciudad de México, se exigirá contar con estudios de universidades y de especialistas a fin de tener un diagnóstico claro sobre la situación.

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