Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).- Para las víctimas de los granadazos del 15 de septiembre del 2008, nuevamente les ha sido removida la fecha de un amparo judicial que les permitiría acceder a medidas de reparación del daño, por parte del Estado a fin de garantizar que accedan a una compensación subsidiaria.
Para este 15 de septiembre y a 13 años de distancia del trágico evento catalogado como el primer acto terrorista de parte del crimen organizado, se esperaba que los 132 heridos y los familiares de las ocho personas que murieron, fueran inscritas en el padrón nacional de víctimas de la Comisión Especializada en Atención a Víctimas nacional, sin embargo y tras una larga batalla legal, la audiencia del juicio de amparo interpuesta contra la Fiscalía General del Estado, la propia FGR y la Comisión estatal de Víctimas desde el 2018 ha sido diferida hasta el 27 de octubre de este año.
“Tenemos un amparo porque no les han resuelto el tema de la reparación del daño, ese tiene como fecha de audiencia el 27 de octubre, y el otro amparo es contra la Comisión de Víctimas y contra su delegado, Ricardo Díaz Ferreyra, por negarse a dar el trámite de ayuda y asistencia a las víctimas del delito”, señala la abogada Reyna Velasco, quién representa a un grupo de los damnificados.
María de Jesús, error tras error
De entre los 130 lesionados que dejó el atentado el 15 de septiembre de 2008, el caso de María de Jesús Vázquez Silva ha evidenciado todas las fallas del sistema de justicia mexicano para las víctimas donde el Estado tiene responsabilidad.
Esa noche las granadas le arrancaron una de sus piernas, mientras que a su hijo la multitud que corrió le aplastó la columna, pero por alguna razón no la ingresaron en un primer listado de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), por lo que pasó varios años desamparada, teniendo que vender propiedades para sobrevivir.
Las noticias buenas no han podido llegar a su casa, pues además de 13 años de esperar justicia, ahora se enfrenta a un segundo contagio de Covid-19. “El año pasado nos pegó muy feo, me tuvieron que intubar, estuve en el hospital recibiendo oxígeno, y ahora, aunque ya estoy vacunada, otra vez me contagié, aunque los síntomas ya no han sido tan fuertes”, relata en entrevista.
Marichuy, como le dicen familiares y conocidos, dice que ha estado en cama desde 2008, y con mucho pesar afirma que si ha visitado el quirófano 50 veces es poco. Asesorada por la abogada Reyna Velasco Guerrero, ahora sabe que por 12 años no recibió el trato que merecía, pues la borraron del Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y nunca le dieron explicaciones. “Lo que pasó conmigo y con mi hijo es que no entramos en esa lista nacional, no nos incluyeron en la demanda federal, ni en la estatal y quienes nos tenían que ayudar solo nos engañaron, ahí empezó mi calvario”.
Antes de ese 15 de septiembre se dedicaba a su profesión de asistente de enfermería, con tres trabajos que le permitían sacar adelante a su familia con ingresos de hasta 13 mil pesos a la quincena, pero después devino la pesadilla no solo de quedar amputada de una pierna, sino de ser revictimizada por las autoridades de justicia.
En ese intrincado camino, recuerda desde su casa, se atravesaron políticos como el diputado Juan Carlos Campos, quien le dijo que el gobierno solo daría una pensión por familia y no de manera individual. “A mi hijo nunca lo han apoyado, primero pusieron como pretexto que era menor de edad, después le negaron ayuda para estudiar porque esa solo aplicó para huérfanos, y ya para colmo, nos dijeron que él ya estaba bien, que ya había sanado, aunque nunca ha podido caminar normal después de eso debido a daños en uno de sus pies”.
En espera de que el gobierno federal la reconozca como víctima y proceda una reparación del daño, María de Jesús se dice desilusionada porque el Estado nunca la defendió. “Incluso los imputados (de los granadazos) tuvieron asesoría, pero no nosotros; ahora nadie me va a regresar mi pierna, pero al menos quiero que me garanticen una vida digna”.
