/ jueves 15 de agosto de 2019

“Que pague quién la debe”: Comisionado del INAI

Las multas para los servidores públicos que no transparenten van de 11 mil a 120 mil pesos, descontados directamente de su salario

MORELIA, Mich. (OEM-Infomex). El coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Javier Martínez Cruz, afirmó que ante cualquier omisión, negación o pendiente de información pública por servidores públicos debe procesarse sea quien sea la autoridad.

La vinculación a proceso de la exfuncionaria federal Rosario Robles, por ejercicio indebido del servicio público durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y ahora la posible participación de José Antonio Meade en el desvío millonario que se le acusa, da muestra de que “se viven momentos claves en el país donde la transparencia debe ocuparse de la etapa preventiva desde todos los ámbitos”.

En entrevista previo al Foro Internacional “Convenio 108 y sus implicaciones en la protección de datos personales en México”, el comisionado del INAI reconoció que ese caso en particular, debe seguirse el proceso de verificación y fiscalización de la información documentada que permita derivar en las irregularidades señaladas.

“Hay un faltante en el ejercicio de los recursos públicos y se deberá encontrar dónde está ese faltante y que pague quien debe pagar. Ahora el país vive un proceso diferente con el Sistema Nacional Anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas para castigar la corrupción”.

Agregó que bajo ese sistema “si un servidor público no entiende que debe dar a conocer cuánto gana, en qué gasta y si se molesta o se siente amenazado por la situación de inseguridad, que se retire del servicio público y se vaya a la Iniciativa Privada”.

El comisionado informó que no es válido justificar que el recurso público que se recibe es dieta económica y por tanto no es obligatorio transparentar, por lo que aclaró todo ingreso de origen público se debe reportar ya que de lo contrario las multas que se aplican a los servidores públicos va de 11 mil pesos a 120 mil pesos descontados directamente de su salario.

La gente puede reservar cierta información siempre y cuando lo demuestre bajo prueba de daño motivado ante el órgano garante

Martínez Cruz, quien a su vez es comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México, comentó que entre los pendientes que se tienen a nivel nacional es que la población conozca y entienda su derecho a la transparencia y los derechos de ello derivan para conocer dónde están y en qué se ocupan los recursos públicos de cualquier institución, dependencia de gobierno o servidores públicos.

MORELIA, Mich. (OEM-Infomex). El coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Javier Martínez Cruz, afirmó que ante cualquier omisión, negación o pendiente de información pública por servidores públicos debe procesarse sea quien sea la autoridad.

La vinculación a proceso de la exfuncionaria federal Rosario Robles, por ejercicio indebido del servicio público durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y ahora la posible participación de José Antonio Meade en el desvío millonario que se le acusa, da muestra de que “se viven momentos claves en el país donde la transparencia debe ocuparse de la etapa preventiva desde todos los ámbitos”.

En entrevista previo al Foro Internacional “Convenio 108 y sus implicaciones en la protección de datos personales en México”, el comisionado del INAI reconoció que ese caso en particular, debe seguirse el proceso de verificación y fiscalización de la información documentada que permita derivar en las irregularidades señaladas.

“Hay un faltante en el ejercicio de los recursos públicos y se deberá encontrar dónde está ese faltante y que pague quien debe pagar. Ahora el país vive un proceso diferente con el Sistema Nacional Anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas para castigar la corrupción”.

Agregó que bajo ese sistema “si un servidor público no entiende que debe dar a conocer cuánto gana, en qué gasta y si se molesta o se siente amenazado por la situación de inseguridad, que se retire del servicio público y se vaya a la Iniciativa Privada”.

El comisionado informó que no es válido justificar que el recurso público que se recibe es dieta económica y por tanto no es obligatorio transparentar, por lo que aclaró todo ingreso de origen público se debe reportar ya que de lo contrario las multas que se aplican a los servidores públicos va de 11 mil pesos a 120 mil pesos descontados directamente de su salario.

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Martínez Cruz, quien a su vez es comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México, comentó que entre los pendientes que se tienen a nivel nacional es que la población conozca y entienda su derecho a la transparencia y los derechos de ello derivan para conocer dónde están y en qué se ocupan los recursos públicos de cualquier institución, dependencia de gobierno o servidores públicos.

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