Morelia, Mich; (OEM-Infomex). Debido a que la incertidumbre jurídica que genera la legislación estatal en cuanto a la competencia de las comisiones que dictaminan la procedencia de juicio político a servidores y funcionarios públicos, se presentará una propuesta para crear un marco normativo en la materia.
Este martes el diputado Javier Paredes Andrade presentará al Pleno del Legislativo la iniciativa de Ley de Procedimientos en materia de Juicio Político para el estado a fin de dar
certeza a cada una de las etapas y tiempos procesales para el desahogo de juicios promovidos en el Congreso del estado.
El documento refiere la necesidad de que Michoacán cuente con “mecanismos de control ciudadano que permitan vigilar la acción gubernamental y realizar una investigación imparcial y apartidista de las quejas de la ciudadanía para impedir y corregir los abusos del sector público y lograr mayor confianza en las instituciones públicas”.
Para ello es determinante instituir un sistema de fiscalización y control social que promueva la rendición de cuentas de los servidores públicos y permita cumplir con el manejo transparente, honesto y eficiente de los recursos públicos y en su caso sancionar a quienes trasgredan la normatividad vigente.
De acuerdo con el diputado, el procedimiento para juicio político no satisface el cumplimiento de los principios antes mencionados porque una vez que se turna la denuncia al pleno, la legislación señala que las comisiones que analizarán el caso no están bien definidas ya que por una parte la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios faculta a las de Gobernación y de Puntos Constitucionales para hacerlo.
En tanto la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso atribuye a las comisiones de Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Justicia dicho procedimiento generando así incertidumbre jurídica con respecto a la competencia para la declaratoria de procedencia.
A lo que también se propone la abrogación de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del estado y sus municipios.
