/ lunes 11 de noviembre de 2019

Presentarán iniciativa para tipificar violencia política de género

El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán presentará ante Congreso local una propuesta de modificación a la Constitución

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex). Debido a que el Código Penal no castiga la violencia política con razón de género, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán presentará al Congreso del Estado una propuesta de modificación a la Constitución y a la legislación para tipificar como delito y sancionar con hasta seis años de prisión agravios contra los derechos político-electorales.

Luego de que en el último proceso electoral 2018, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres registrara 13 casos de violencia política contra candidatas, militantes y aspirantes electas para cargos públicos en Michoacán, el cuerpo colegiado revisará el proyecto de reforma para llevarlo al Poder Legislativo el 28 de noviembre.

En reunión sostenida la mañana de ayer, las integrantes del Observatorio acordaron analizar la propuesta que presentó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres del estado, Nuria Hernández Abarca, al plantear la modificación al articulado de la Constitución Política, del Código Electoral y de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del estado.

El documento contiene una definición y listado de conductas constitutivas de la violencia política contra la mujer por razón de género, acciones para que los partidos políticos tengan mecanismos y protocolos de prevención, atención y erradicación de este tipo de agravios, la nulidad de la elección si se acredita el hecho y tipificar las conductas de violencia política contra las mujeres.

Hernández Abarca, quien también es la presidenta de este Observatorio, explicó que la propuesta se integró del trabajo de seis meses donde se incluyeron iniciativas de los diferentes sectores representados en el organismo.

Agregó que también se trabajará en la generación de un mecanismo de atención a todos los tipos de violencia política con razón económica para que las mujeres sepan a dónde acudir previo, durante y posterior a las campañas electorales del 2021 donde se elijará gobernador, diputados federales, locales y ayuntamientos.

La presidenta destacó que como parte del plan de trabajo 2019 se realizaron 10 talleres sobre la violencia política en los municipios para servidoras públicas de los ayuntamientos a fin de crear una red de coordinación y apoyo a las víctimas de estas conductas donde aseguró se han detectado ya tres casos.

Acciones como no permitirles el ingreso al Palacio Municipal, no considerarlas en las reuniones de trabajo, no pasarles documentos para firmar; además de burlas y bullying por parte de sus compañeros de trabajo.

Datos de la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del estado, Brenda Fraga Gutiérrez, señalan que tan solo en el último proceso electoral, en Michoacán se detectaron y atendieron 207 casos de mujeres violentadas en sus derechos político-electorales, cantidad que no fue visibilizada con denuncias formales por determinación de las mismas afectadas.


Morelia, Michoacán (OEM-Infomex). Debido a que el Código Penal no castiga la violencia política con razón de género, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán presentará al Congreso del Estado una propuesta de modificación a la Constitución y a la legislación para tipificar como delito y sancionar con hasta seis años de prisión agravios contra los derechos político-electorales.

Luego de que en el último proceso electoral 2018, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres registrara 13 casos de violencia política contra candidatas, militantes y aspirantes electas para cargos públicos en Michoacán, el cuerpo colegiado revisará el proyecto de reforma para llevarlo al Poder Legislativo el 28 de noviembre.

En reunión sostenida la mañana de ayer, las integrantes del Observatorio acordaron analizar la propuesta que presentó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres del estado, Nuria Hernández Abarca, al plantear la modificación al articulado de la Constitución Política, del Código Electoral y de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del estado.

El documento contiene una definición y listado de conductas constitutivas de la violencia política contra la mujer por razón de género, acciones para que los partidos políticos tengan mecanismos y protocolos de prevención, atención y erradicación de este tipo de agravios, la nulidad de la elección si se acredita el hecho y tipificar las conductas de violencia política contra las mujeres.

Hernández Abarca, quien también es la presidenta de este Observatorio, explicó que la propuesta se integró del trabajo de seis meses donde se incluyeron iniciativas de los diferentes sectores representados en el organismo.

Agregó que también se trabajará en la generación de un mecanismo de atención a todos los tipos de violencia política con razón económica para que las mujeres sepan a dónde acudir previo, durante y posterior a las campañas electorales del 2021 donde se elijará gobernador, diputados federales, locales y ayuntamientos.

La presidenta destacó que como parte del plan de trabajo 2019 se realizaron 10 talleres sobre la violencia política en los municipios para servidoras públicas de los ayuntamientos a fin de crear una red de coordinación y apoyo a las víctimas de estas conductas donde aseguró se han detectado ya tres casos.

Acciones como no permitirles el ingreso al Palacio Municipal, no considerarlas en las reuniones de trabajo, no pasarles documentos para firmar; además de burlas y bullying por parte de sus compañeros de trabajo.

Datos de la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del estado, Brenda Fraga Gutiérrez, señalan que tan solo en el último proceso electoral, en Michoacán se detectaron y atendieron 207 casos de mujeres violentadas en sus derechos político-electorales, cantidad que no fue visibilizada con denuncias formales por determinación de las mismas afectadas.


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