Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Varias instituciones de los tres niveles de gobierno cerrarán filas para detener el cambio de uso de suelo para intentar contener la deforestación y la tala ilegal en Michoacán.
Para este propósito pactaron acuerdos interinstitucionales entre ellas para negar servicios o trámites administrativos a quienes pretendan hacer nuevas plantaciones de aguacate.
Entre las dependencias involucradas se encuentra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien no otorgará nuevos contratos de electricidad, la Conagua negará permisos para explotación de agua y la Secretaría de Agricultura no dará certificaciones de sanidad vegetal, entre otras medidas que se implementarán en el corto plazo, según adelantó en entrevista el titular de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Cuauhtémoc Ramírez Romero.
De acuerdo con el funcionario estatal, “han sido insuficientes los esfuerzos de perseguir personas que están haciendo cambio de uso de suelos por diferentes lados de la geografía michoacana; no hay personal suficiente para sancionarlos o buscarlos por eso se decidió otra alternativa que consiste en ahorcar todo tipo de servicios que soliciten las nuevas huertas”.
También serán suspendidos todos los créditos que puedan obtener a través de Financiera Rural y se negará todo tipo de apoyo destinado a la tecnificación de las huertas en el afán de controlar el avance de la macha del cultivo de aguacate.
Fuera de esos sitios no se permitirá este cultivo y también se negará en apoyo a los productores o empresas que no acaten las medidas, dijo el funcionario.
“El aguacate tiene una zona especial de cultivo y poco a poco, con la colaboración de las mismas instituciones, los propios productores, incluso con la participación universidades, vamos delimitar la zona aguacatera, la franja estará delimitada por condiciones climáticas y ambientales para reducir los efectos nocivos a los recursos naturales”, adelantó Ramírez Romero.
Aguacateros, a la expectativa
Praxedis Soto Ruiz, líder aguacatero de productores de Villa Madero y Tacámbaro, una de las regiones donde se expande este cultivo, dijo en entrevista que estará a la espera de qu se den a conocer las medidas y saber si a ellos les afecta como productores independientes, pero de entrada dio el visto bueno de que se tomen medidas para evitar otro tipo de conflictos que afectan a los productores oriundos en esta región, aun así señaló que hay disposición para trabajar en lo necesario con el gobierno del estado y transitar a mejores prácticas de producción y comercio.
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En esta zona de Michoacán se da un fenómeno de fraude muy común: hay personas que compran terrenos forestales, los talan o queman y siembran huertas de manera ilegal, después las venden, generalmente a personas que no son productores de aguacate, y sólo le se le heredan conflictos jurídicos con instituciones judiciales o ambientales.
Estrategias anteriores han sido fallidas
Por su parte Héctor Chávez, director de contención ambiental en la Comisión Forestal Estatal, dijo que en la administración estatal pasada la estrategia de contención de la franja aguacatera fue diferente, el gobierno del estado intentó detener el crecimiento de huertas ilegales haciendo operativos de desmantelamiento en terrenos de cultivo y destrucción de hoyas de agua que captaban agua de manera ilegal.
Gracias a esos operativos se pudieron desmantelar alrededor de 80 huertas ilegales y se destruyeron alrededor de 100 sistemas de captación ilegal de agua, donde participaban instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Forestal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría Ambiental.
Pero los operativos se suspendieron, en parte porque el gremio aguacatero presionó y denunció abusos de autoridad y por separado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, también alegaba que el gobierno del estado estaba usurpando funciones de su competencia, mientras que el congreso del estado sepultó el programa cuando a la administración anterior no le autorizaron constituir el Fondo Ambiental, donde se haría una bolsa de recursos con las multas que se le cobrarán a los aguacateros que cayeran en irregularidades. Sin embargo se determinó que está medida daría pie a actos de corrupción y la medida fue desechada.
