Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).-La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió recomendaciones a las autoridades electas de Michoacán ante los agravios hechos a las comunidades indígenas en el estado.
Estas observaciones se hicieron como resultado de un recorrido que la ONU-DH realizó del 26 al 28 de agosto por la zona de la Meseta Purépecha, en especial en las comunidades de Nahuatzen y Arantepacua, donde se mantuvieron entrevistas con las autoridades tradicionales del lugar y con víctimas de estos abusos.
Se mencionó que en esta misión se recurrió a personas que al momento se encuentran privados de la libertad por razones políticas.
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Guillermo Fernández-Maldonado, quien es representante de la ONU-DH en México afirmó que estas violaciones a los derechos humanos provienen por la falta de reconocimiento de la autonomía de estos pueblos indígenas.
“Una solución sostenible a los conflictos en la Meseta Purépecha debiera partir del reconocimiento de la legitimidad en los llamados a la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, así como de la exigencia de verdad, justicia y reparación de las personas cuyos derechos humanos han sido violentados”, mencionó.
También, la ONU-DH exhorta a que se atienda la recomendación 42VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la que fue emitida después del operativo policial de abril de 2017 en Arantepacua, el que ocasionó múltiples violaciones a derechos humanos a pobladores, incluyendo la ejecución extrajudicial de cuatro personas.
Reiteraron que existen comuneros de la población de Nahuatzen que desde el 2018 están privados de su libertad y denunciaron más agresiones contra el Consejo Indígena de esta comunidad.
Se invita a la administración estatal a abrir un diálogo pacífico y certero para resolver las situaciones de las poblaciones indígenas, tal como lo es la autodeterminación y la compensación de los actos contra los derechos humanos, específicamente en Arantepacua.
“La Oficina recuerda que las autoridades deben abstenerse de estigmatizar y criminalizar a las personas y grupos que promueven la libre determinación de los pueblos indígenas de la región, así como su obligación de garantizar la vida e integridad de dichas personas”, menciona el comunicado.
