Morelia, Michoacán (OEM Infomex). – El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón Reyes, deslindó a la dependencia a su cargo de los hechos ocurridos en la comunidad de Arantepacua los días 4 y 5 de abril de 2017, cuando elementos de la Policía Michoacán intervinieron en un conflicto comunal de dicha demarcación, dejando como resultado cuatro ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura y 56 allanamientos ilegales en domicilios, según se expresa en un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Las declaraciones del secretario de la SSP partieron de las recomendaciones que la CNDH giró el pasado 23 de diciembre de 2020, donde se reconocieron “violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales por actos constitutivos de tortura, al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio de la comunidad de Arantepacua”.
Sin embargo, Patrón Reyes aseguró que a la SSP no se le responsabilizó de estos hechos y que incluso los elementos de esta secretaría no habrían incidido en abusos de autoridad.
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“A la Secretaría de Seguridad Pública no se le determinó ninguna responsabilidad relacionada con estos hechos, sí participaron en el evento, pero no se determinó que ellos hayan estado involucrados en algún exceso o abuso de autoridad, simplemente nos están recomendando que sepamos utilizar la fuerza y que capacitemos al personal”, dijo en conferencia de prensa.
Ante ello, el Consejo Comunal Indígena y el Colectivo Liquidámbar solicitó “el reconocimiento público por parte de Silvano Aureoles Conejo y Adrián López Solís como principales responsables en la masacre, agresiones y vejaciones llevadas a cabo de manera artera, desproporcional e injustificada los días 4 y 5 de abril de 2017 en contra de la comunidad de Arantepacua”.
De igual forma solicitaron que la Fiscalía General del Estado, hoy a cargo del entonces secretario de Gobierno, Adrián López Solís, responda a las investigaciones correspondientes, a fin de que se giren sanciones en contra de los elementos de seguridad implicados.