Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Yolanda Guerrero Barrera, titular del Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación y la Violencia (Coepredv), reconoció que Michoacán está “muy atrasado” en acciones de inclusión y sostuvo que en los indicadores discriminatorios se está por encima de la media nacional, aunque no precisó la fuente.
El más reciente estudio sobre el tema lo publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2017, en el cual el 16.5 por ciento de los michoacanos dijo haber sido discriminado en los últimos 12 meses, mientras que la media nacional fue de 20.2. El diagnóstico conocido como Encuesta Nacional sobre Discriminación (Endi) se volvió a levantar el año pasado, pero sus resultados aún no se dan a conocer.
La funcionaria estatal y exdiputada federal añadió que el 60 por ciento de las quejas que reciben es de índole laboral, sobre todo por discriminaciones por razón de género, forma de vestir, pertenencia a un grupo étnico, creencia religiosa e incluso por el uso de tatuajes. Especificó que gran parte de esos actos se dan en las escuelas públicas, por lo que los profesores son quienes acuden a la dependencia.
También existe hostilidad contra la comunidad LGBTTI, por lo que el Coepredv ha firmado convenios con 40 municipios para promover la igualdad y la inclusión. En ese sentido, ventiló que uno de los ayuntamientos que no se ha sumado es Zamora, cuyo presidente es el panista Carlos Soto.
“Hay municipios conservadores porque esos temas son tabúes para ellos, no le quieren entrar, y lo mismo nos pasó en La Piedad, que sí nos recibió pero todo lo guardó en el cajón”, dijo en referencia al también blanquiazul Samuel Hidalgo.
El año pasado la dependencia recibió 120 quejas, de las cuales 80 ya se resolvieron, mientras que las más recientes se desahogan mediante los mecanismos de conciliación.
Finalmente, Yolanda Guerrero Barrera aceptó que la dependencia estatal se sostiene solo con recursos federales etiquetados en el Capítulo 1000, lo cual solo les alcanza para pagar la nómina. Además, culpó al exgobernador Silvano Aureoles de desmantelar las siete delegaciones regionales, por lo que ahora se han aliado con 40 ayuntamientos para que destinen un porcentaje del Fortapaz en acciones contra la discriminación.