Morelia, Michoacán (OEM-INFOMEX).- Para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2019, el gobierno de Michoacán cometió un inadecuado manejo de los recursos provenientes del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, del Fondo Regional, del Fondo de Estructura Social, y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en programas calificados de “Prioridad Nacional”, lo que podría derivar en un daño a la hacienda pública federal.
En materia de seguridad, la ASF auditó el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), en el caso del estado de Michoacán se auditaron 209 millones 872 mil pesos, de los cuales se revisó el 100%.
De la auditoría se detectó que, en la cuenta pública 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán (SESESP) no destinó recursos del FASP 2019 para tres programas catalogados como de “Prioridad Nacional”.
Además, se detectó un probable daño a la hacienda pública federal por apenas 2 mil 300 pesos.
De la revisión de 14 contratos para la adquisición de bienes y servicios, se detectó que el SESESP realizó un contrato de “Mantenimiento de Aires Acondicionados”, el cual se realizó 70 días después de la fecha pactada, por lo cual se debieron aplicar una pena del 10% de la garantía, la cual no se realizó ni justificó el no haberlo hecho.
La ASF también auditó 17 millones 292 mil 700 pesos, es decir el 100% del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, de los cuales encontraron un probable daño a la Hacienda Pública federal en el 16.2% de los recursos, lo que equivale a 2 millones 806 mil 400 pesos.
En específico, el daño a la hacienda federal consistió en: 51 mil 339 pesos por concepto de retenciones de obra pública, que no disponen de la documentación comprobatoria correspondiente; 2 mil 822 pesos que no se pagaron al término del calendario de ejecución de los proyectos, ni se reintegraron a la Tesorería de la Federación, y que corresponden a retenciones de obra no enteradas.
Además de 513 mil 621 pesos por el concepto de penas que no se aplicaron al proveedor por el atraso en la entrega de vehículos adquiridos por la secretaría de Medio Ambiente, como lo señalaba el contrato de compraventa; 78 mil 752 pesos utilizados para la adquisición de materiales y útiles de oficina bajo el concepto de gastos indirectos, que no se comprobó que se utilizaran para obras del Fondo.
También se presume un probable daño a las arcas federales por el orden de los 173 mil 867 pesos, ya que en una verificación física se detectaron cantidades y conceptos de obra pagados no ejecutados en la intercalación de poste para liberar el puente peatonal, ubicado en Avenida Morelos Norte, frente al CRIT de Morelia, que incluía retiro de dos postes existentes, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento; y, por un poste de baja altura fabricado en tubo de acero negro, que incluía su instalación, material, mano de obra y herramienta.
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Del Fondo Regional se auditaron 160 millones 136 mil pesos, lo que representa el 74% de los recursos destinados, y se detectó un probable daño a la hacienda federal de 459 mil 800 pesos por concepto de rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de este Fondo, los cuales no se reintegraron a la Tesorería de la Federación.
Del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades se revisaron 297 millones 910 mil 300 pesos, de ellos, el posible daño a la hacienda federal fue por 127 mil 400 pesos, de los cuales antes de que se publicara el informe, el pasado 20 de febrero, el gobierno del estado reintegró 123 mil 900 pesos, y tiene pendiente por aclarar 3 mil 237 pesos, por concepto de recursos no comprometidos que no se regresaron a la Tesorería de la Federación.
