Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).- El llamado “intercambio solidario de medicamentos” anunciado por la Alianza de Gobernadores –de la cual forma parte el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo– constituiría una irregularidad ante órganos auditores, coincidieron expertos en el tema.
En días anteriores, el mandatario estatal anunció que junto con los gobernadores de la Alianza Federalista iniciará un proceso de intercambio de medicamentos ante la falta de solución por parte del gobierno federal.
De acuerdo al integrante de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC) en Michoacán, Jesús Hernández Ibarra, esta acción va en contra de la Ley de Coordinación Fiscal.
“Por ejemplo, si entrega medicamentos oncológicos y resulta que después se requieren en Michoacán, el gobernador se puede meter en un problema porque la Federación ya los entregó”.
Hernández Ibarra opinó que la Federación tendrá que emitir una respuesta de amonestación para las entidades que apliquen los intercambios o “trueques”, toda vez que el mensaje que se emite con la nueva organización es pasar por encima de la ley.
“No se puede, todo es objeto de fiscalización y más en este momento; seguramente la federación los observará y emitirá respuesta, hay que esperarlo”, precisó.
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Comentó que la molestia de los estados que participan en la Alianza Federalista es que hay estados que no recaudan y les entregan recursos, mientras que los estados como Michoacán tienen buen nivel de participación y el porcentaje de participaciones cada vez es menor.
“Ésa es la queja generalizada de algunos gobernadores, por eso proponen recaudar sus propios impuestos y repartirlo conforme a las ganancias obtenidas”, opinó Hernández Ibarra.
Al respecto, el abogado nicolaita, Jorge Álvarez Banderas, dentro de una revisión al recurso de la compra de medicamentos, la Auditoría Superior observaría este tipo de operaciones como una irregularidad financiera y emitir una sanción, ya que estarían disponiendo de un bien público para obtener otro bien público en donde alguna de las partes gana y otra pierde económicamente.
“El intercambio de medicamentos considero que no es violatorio de ninguna disposición normativa, no es una situación ordinaria, es una situación extraordinaria ante un contexto extraordinario. Se podría catalogar como un desvío de recursos sancionado por la Auditoría Superior de la Federación si lo llegaran a detectar, imponiendo la sanciones a los servidores públicos obligándoles a restituir lo que tomaron de manera indebida”.
Sin embargo, señaló que en su defensa los servidores públicos podrían argumentar que lo hicieron por la necesidad de atender el bien común, específicamente la salud de los gobernados.
“No hay leyes casuísticas, la ley es general, abstracta e impersonal; no podemos considerar que se violenta alguna disposición porque así lo disponga esta, finalmente se podría catalogar como un desvío de recursos y el funcionario público justificarse ante la necesidad apremiante de atender el bien común, en este caso la salud pública”.
