/ martes 13 de agosto de 2019

Impunidad, en desaparición de los Guzmán

La FGR recibió 975 expedientes en materia de desaparición forzada cuando dejó de existir la PGR; 738 fueron averiguaciones previas y 237 carpetas de investigación en el ámbito federal

MORELIA, Mich. (OEM).- No investigar la cadena de mando, largos periodos de inactividad en la investigación y retrasos en toma de muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas forman parte de los patrones de impunidad que el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez detectó en los casos de desaparición forzada de los hermanos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, así como su padre Jesús Guzmán Jiménez, originarios de Tarejero, municipio de Zacapu.

En el informe “Patrones de impunidad. Deficiencias en la investigación de violaciones a derechos humanos y alternativas en el Poder Judicial”, se detalla que en la averiguación previa SIEDF/CGI/502/2007, sobre el caso de la familia Guzmán Cruz, no se investigó al capitán Luis de la Barrera Moreno, quien era titular de la Dirección Federal de Seguridad cuando ocurrieron las desapariciones forzadas. Esto pese que hubo indagatorias donde se determinó la participación en delitos similares por parte del funcionario, y mandos que ocuparon la titularidad de la DFS durante el periodo de la “guerra sucia”.

De acuerdo con el documento, la nula investigación de la cadena de mando es también un patrón de impunidad en delitos por desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.


IMPUNIDAD, EL SELLO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA

En cuanto al delito de desaparición forzada cometido en contra de la familia Guzmán Cruz, por acuerdo de 29 de mayo de 2002 se comunicó a una de las víctimas indirectas la posibilidad de aportar su muestra hemática para la extracción de perfiles genéticos. Hasta el momento, 17 años después, no se ha recabado muestra alguna y por tanto no se tienen los perfiles genéticos integrados.

En la averiguación previa SIEDF/CGI/502/2007 puede darse cuenta de varios lapsos de inactividad procesal, como el ocurrido entre el 30 de julio de 2013 y el 14 de agosto de 2014, donde no hubo un solo movimiento en el expediente. Tanto es este como en otros expedientes llevados por el centro ProDH parece que la apuesta es dejar pasar el tiempo o a realizar solicitudes a dependencias que nada tienen que ver con la investigación para entorpecer aún más el proceso.

De acuerdo con el “Informe patrones de impunidad”, la extinta Procuraduría General de la República dejó a la Fiscalía 738 averiguaciones previas y 237 carpetas de investigación en el ámbito federal; de ellos sólo hubo 12 casos que llegaron a una autoridad judicial.

Por lo que respecta a las víctimas, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada señaló que en sus registros cuenta con 227 personas con el carácter de víctimas directas, de las cuales 207 son hombres y 20 son mujeres; cabe señalar que el Informe expone que, en enero de este 2019, en la FEIDDF laboraban 46 agentes del Ministerio Público 56 trabajadores administrativos.

Otros hallazgos comunes en la impunidad que caracteriza a estos tres delitos fueron:

-Burocracia y exceso de formalismo en donde “se pierde lo sustancial por conservar lo adjetivo”, lo que repercute en un número excesivo de expedientes al darse una multiplicidad de averiguaciones previas por hechos y constancias que se repiten.

-Numerosos cambios administrativos que, por la falta de un plan de investigación construido con las víctimas, deriva en la ausencia de continuidad de acciones indagatorias.

-Investigaciones que no se dirigen a encontrar la verdad: práctica de diligencias inocuas y omisión de llevar a cabo acciones de investigación relevante

-Ausencia de análisis de contexto, lo que se refleja en que los casos de desaparición forzada cometidos en una misma región durante un mismo periodo no se investiguen conjuntamente. Ni si quiera se cruzan datos entre casos de la misma Fiscalía General de la República y cuando se cruzan a veces se solicita todo el expediente de la averiguación relacionada sin que tenga un fin práctico.

MORELIA, Mich. (OEM).- No investigar la cadena de mando, largos periodos de inactividad en la investigación y retrasos en toma de muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas forman parte de los patrones de impunidad que el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez detectó en los casos de desaparición forzada de los hermanos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, así como su padre Jesús Guzmán Jiménez, originarios de Tarejero, municipio de Zacapu.

En el informe “Patrones de impunidad. Deficiencias en la investigación de violaciones a derechos humanos y alternativas en el Poder Judicial”, se detalla que en la averiguación previa SIEDF/CGI/502/2007, sobre el caso de la familia Guzmán Cruz, no se investigó al capitán Luis de la Barrera Moreno, quien era titular de la Dirección Federal de Seguridad cuando ocurrieron las desapariciones forzadas. Esto pese que hubo indagatorias donde se determinó la participación en delitos similares por parte del funcionario, y mandos que ocuparon la titularidad de la DFS durante el periodo de la “guerra sucia”.

De acuerdo con el documento, la nula investigación de la cadena de mando es también un patrón de impunidad en delitos por desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.


IMPUNIDAD, EL SELLO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA

En cuanto al delito de desaparición forzada cometido en contra de la familia Guzmán Cruz, por acuerdo de 29 de mayo de 2002 se comunicó a una de las víctimas indirectas la posibilidad de aportar su muestra hemática para la extracción de perfiles genéticos. Hasta el momento, 17 años después, no se ha recabado muestra alguna y por tanto no se tienen los perfiles genéticos integrados.

En la averiguación previa SIEDF/CGI/502/2007 puede darse cuenta de varios lapsos de inactividad procesal, como el ocurrido entre el 30 de julio de 2013 y el 14 de agosto de 2014, donde no hubo un solo movimiento en el expediente. Tanto es este como en otros expedientes llevados por el centro ProDH parece que la apuesta es dejar pasar el tiempo o a realizar solicitudes a dependencias que nada tienen que ver con la investigación para entorpecer aún más el proceso.

De acuerdo con el “Informe patrones de impunidad”, la extinta Procuraduría General de la República dejó a la Fiscalía 738 averiguaciones previas y 237 carpetas de investigación en el ámbito federal; de ellos sólo hubo 12 casos que llegaron a una autoridad judicial.

Por lo que respecta a las víctimas, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada señaló que en sus registros cuenta con 227 personas con el carácter de víctimas directas, de las cuales 207 son hombres y 20 son mujeres; cabe señalar que el Informe expone que, en enero de este 2019, en la FEIDDF laboraban 46 agentes del Ministerio Público 56 trabajadores administrativos.

Otros hallazgos comunes en la impunidad que caracteriza a estos tres delitos fueron:

-Burocracia y exceso de formalismo en donde “se pierde lo sustancial por conservar lo adjetivo”, lo que repercute en un número excesivo de expedientes al darse una multiplicidad de averiguaciones previas por hechos y constancias que se repiten.

-Numerosos cambios administrativos que, por la falta de un plan de investigación construido con las víctimas, deriva en la ausencia de continuidad de acciones indagatorias.

-Investigaciones que no se dirigen a encontrar la verdad: práctica de diligencias inocuas y omisión de llevar a cabo acciones de investigación relevante

-Ausencia de análisis de contexto, lo que se refleja en que los casos de desaparición forzada cometidos en una misma región durante un mismo periodo no se investiguen conjuntamente. Ni si quiera se cruzan datos entre casos de la misma Fiscalía General de la República y cuando se cruzan a veces se solicita todo el expediente de la averiguación relacionada sin que tenga un fin práctico.

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