Morelia, Michoacán.- Aún en revisión, el proyecto y el presupuesto de diez millones de pesos que dejó la anterior Legislatura para consultar a pueblos originarios, personas con discapacidad y afromexicanos en temas de la Ley de Educación, comentó la presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas del Legislativo, Eréndira Isauro Hernández.
En entrevista con El Sol de Morelia, la también diputada de la Representación Parlamentaria del Congreso del estado adelantó que apenas el próximo miércoles quedarán establecidas las dos Comisiones, tanto la de Derechos Indígenas como la de Educación que preside el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla.
Las dos Comisiones de la 76 Legislatura tendrán que reunirse para revisar los proyectos que dejaron pendientes la entonces diputada del Partido del Trabajo (PT), Brenda Fraga Gutiérrez y la legisladora del distrito de Hidalgo, Belinda Hurtado Marín, para consultar a estos tres grupos de población sobre iniciativas de la Ley de Educación.
Al ser cuestionada por este medio de comunicación en torno si se realizarán las consultas, de lo contrario se incurriría en otro desacato por parte del Congreso local, Isauro Hernández respondió que la idea es que sí se lleven a cabo, porque es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó a los diputados de Michoacán, pero dijo desconocer la fecha, ya que apenas este miércoles se reunirá con su homólogo Bautista Tafolla.
Mencionó que por ahora también desconoce si el Congreso de Michoacán se encuentra en desacato por la SCJN, ya que en la pasada Legislatura, de la cual formó también parte, las diputadas Brenda Fraga y Belinda Hurtado presentaron una prórroga para llevar a cabo las consultas para la Ley de Educación, pero indicó que se desconoce por cuánto tiempo.
Las consultas que deben aplicarse a los pueblos indígenas, personas con discapacidad y población afromexicana en Michoacán fueron cuestionadas y hasta tema de disputa entre los legisladores por el presupuesto que en el pleno del Congreso que es de hasta diez millones de pesos, los cuales solo se autorizaron pero no fueron dispersados para su aplicación y que motivó a que las consultas no se realizarán con oportunidad.
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Incluso, la presidenta en ese momento de la Comisión de Educación, Belinda Hurtado, tuvo varios desencuentros con la secretaria de Finanzas del Poder Legislativo, Rocío Pineda Gochi, a quien acusó de ser la responsable de retener el recurso económico para que la 75 Legislatura cumpliera con el mandato de la SCJN.
