Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- A través del Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH), comuneros de la localidad indígena de Santiago Azajo denuncian represión por parte del Gobierno del Estado, mediante la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP).
En un pronunciamiento por escrito dirigido a medios de comunicación, autoridades y organismos defensores de derechos humanos, señalaron que hoy, cerca de las 18:00 horas, luego de sostener una mesa de diálogo con autoridades del gobierno estatal, fueron detenidos 75 comuneros.
En el documento se asegura que entre ellos se encuentra Efrén Sosa Dimas, quien está grave de salud y hasta el momento no ha recibido atención médica.
Los inconformes destacan que estas personas permanecen en la Fiscalía General del Estado (FGE) y que el CPDH tiene conocimiento de que fueron golpeadas por elementos de seguridad.
Por ello demandan al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla que la libertad inmediata de los comuneros y atención médica para Sosa Dimas.
Además, pidió a los organismos pro derechos humanos nacionales e internacionales acciones urgentes ante la posibilidad de malos tratos y tortura contra los detenidos.
Los comuneros acusan que a sus compañeros no se les permite acceder a una defensa jurídica, se les mantiene incomunicados y no se les permiten visitas familiares.
Por ello demandan al gobierno estatal el acceso a una defensa jurídica, respeto a la integridad física y psicológica y el cese a la incomunicación y tortura psicológica.
Previamente, el Gobierno de Michoacán condenó el vandalismo del que fueron objeto las oficinas de la Secretaría de Gobierno por un grupo de supuestos comuneros la tarde noche del pasado viernes.
Ese día, la dependencia atendió a pobladores de Santiago Azajo, quienes desean ejercer su derecho al presupuesto directo, cuando dicho colectivo agredió a cinco miembros de su comunidad, además de causar destrozos en las instalaciones ubicadas en el bosque Cuauhtémoc.
La administración estatal advirtió que no tolerará actos de violencia o de agresión y que protegerá el patrimonio de los ciudadanos, motivo por el que interpondrá la denuncia correspondiente contra los responsables.