MORELIA, Mich.- (OEM-Infomex).- Ante la situación que priva al municipio de Nahuatzen por la indefinición en la entrega de recursos públicos a la cabecera municipal, aunado al asesinato del edil constitucional, David Otlica Avilés, el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, ve positivo que el Congreso local tenga la disposición de legislar respecto al tema de los pueblos originarios.
Si bien, dijo, es una situación que debe resolverse por el Instituto Electoral de Michoacán, reconoció que, para el INE, resulta complicado por la polarización en el municipio al momento de las elecciones concurrentes, prueba de ello, los sucesos registrados durante la pasada contienda electoral en donde se quemaron desde vehículos hasta propaganda política.
Muchos de los problemas que hemos visto en esta región tienen que ver con demandas que son procesadas vía jurisdiccional y no terminan de tener todos los eslabones para poder administrar de manera eficiente regular y ordinaria los recursos públicos. A fin de cuentas ahí está el problema, es un asunto que mucho ayudaría el Congreso del Estado generando un andamiaje legal que permitan transitar en este tipo de problemas.
En ese tenor y ante la solicitud de separación de poderes en tal municipio por los concejos de Nahuatzen, Comachuen y Sevina, Delgado Arroyo consideró que por el antecedente de condiciones en que se llevó a cabo la elección para el cambio de Ayuntamiento, revisarse detenidamente la propuesta, tomando en cuenta a todas las partes para lograr un acuerdo.
Escudándonos es mejor y creo que las partes tienen que dialogar... esta lucha por el derecho de auto determinarse no elimina otros derechos políticos, por ejemplo, no se puede conculcar el derecho político a elegir a su Congreso del Estado, a su gobernador... y en esto sigue habiendo partidos políticos
Por ello, reiteró, la necesidad de generar una discusión compleja de cómo apoyar a esas comunidades y generar los presupuestos suficientes, y atender los derechos de los demandantes, pero que, a su vez, cumplan con sus obligaciones.