MORELIA, Michoacán.-(OEM-Infomex).- A pesar de que siete de los ocho elementos con los que contaba el municipio de Ziracuaretiro fueron aprehendidos el pasado 26 de septiembre por su presunta responsabilidad en la desaparición de un empresario y empleado de una huerta de aguacate, en lo que va de la actual administración municipal no se había presentado ningún tipo de quejas en contra de la corporación de seguridad ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Frente a las 84 recomendaciones sobre violaciones a los derechos humanos emitidas por la CEDH en el periodo del primero de septiembre del 2018 al pasado 31 de agosto, las cual referían violaciones como ser sometido a tratos crueles inhumanos y degradantes, sólo seis fueron dirigidas a elementos de seguridad municipal en Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia, Parácuaro y Zamora, no así para la policía de Ziracuaretiro.
Lo anterior, aun cuando derivado de dicha detención y vinculación a proceso de los siete elementos, la misma Secretaría de Seguridad Pública haya tenido que tomar el control en dicho municipio a través del despliegue de 36 elementos de la Policía Michoacán y el nombramiento de un director y subdirector a fin de coordinar las actividades de cada uno de los uniformados.
Ello, toda vez que la demarcación, ubicada en la región de la Meseta Purépecha, únicamente contaba con ocho elementos de seguridad, de los cuales solamente uno permanecerá en la función policial, ya que sí acreditó sus exámenes de control y de confianza, así como también cuentan con el Certificado Único Policial que le permite además de portar algún tipo de arma, continuar en las filas de la corporación.
Por cuanto al mando policial y los seis elementos detenidos, quienes fueron identificados como: Moisés O., Juan José M., Raúl Ernesto G., Luis Ángel P., Marco Antonio C., Víctor Hugo P., y Rocío M., aún se encuentran internados en el Centro Penitenciario de la ciudad de Uruapan y tras haber sido presentados ante el órgano jurisdiccional, se espera que en próximos días se resuelva su situación jurídica por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada en contra de los siete servidores públicos.
No obstante es de mencionar que tras privar de la libertad a las dos personas mencionadas desde el pasado 10 de septiembre, mismas que conforme a las indagatorias realizadas por la Fiscalía General del Estado habrían sido subidas a una de las patrullas en que viajaban los siete señalados, hasta el momento se desconoce su paradero, toda vez que tampoco existen registros de que las víctimas fueron puestas a disposición de alguna autoridad.
