Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Con la intención de proteger la integridad de las víctimas y familiares, diputados locales presentarán una iniciativa para frenar y sancionar la filtración de fotos o materiales de investigación por parte de Ministerio Público, policías o quiénes tengan acceso a ellas en los canales institucionales de investigación y administración de justicia.
De acuerdo con la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, al menos en cuatro de cada 10 feminicidios se dan filtraciones de materiales fotográficos, en este contexto y tomando como ejemplo el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, los diputados locales presentaron una iniciativa para impedir y sancionar esta práctica.
“A raíz del caso del asesinato de Ingrid en la Ciudad de México, es que se destapa una de las prácticas más recurrentes de elementos policiacos. La filtración de la fotografía de Ingrid dañó su honra, su dignidad y su imagen, y afectó también a su familia, nos indignó como sociedad, y no solo tiene estas repercusiones, en otros casos, ha ocurrido que al divulgar esta información se desvirtúan como elementos probatorios, y estas inconsistencias pueden violar el debido proceso y tirar una vinculación a proceso, aunque el señalado sea confeso”, señala el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar.
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A su vez, la diputada perredista Araceli Saucedo Reyes destaca que deben ser sancionado aquel servidor público que filtra imágenes de víctimas, por lo que esta iniciativa se dirige a frenar y sancionar estos actos y sus consecuencias de filtrado de imágenes por quienes tiene acceso a ellas durante la investigación y administración de justicia.
Por ello, la Comisión de Justicia del Congreso local presentará una iniciativa para reformar el artículo 260 del Código Penal para el Estado de Michoacán, para quedar como se considere un delito contra la administración de justicia y “dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias, información, fotografías, videos o audios que obren en una carpeta de investigación, en un proceso penal o sujetos a cadena de custodia y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales”.
Además de que si las imágenes, audios o videos son de cuerpos humanos deformados o mutilados correspondientes a una mujer o a menores de edad, se incrementará la sanción en una tercera parte, la cual es de tres a 10 años de prisión y de 50 a 200 días multa.