MORELIA, Mich. (OEM-Infomex).- El Ejecutivo del estado caería en una responsabilidad legal por desvío de recursos si direcciona para pago de nómina la venta de bienes muebles e inmuebles contemplados en la propuesta de decreto de desincorporación que se presentó al Legislativo la semana pasada.
Lo anterior, debido a que el presupuesto para el Capítulo 1000 correspondiente al pago de nómina ya se encuentra etiquetado, de manera que si el Ejecutivo pretende incrementarlo a más de 10%, tendría que realizarse un proyecto de reasignación presupuestal y acreditarse en el Poder Legislativo.
Diputados de la LXXIV Legislatura local explicaron que, de aprobarse la desincorporación de 10 predios públicos que el gobierno de Michoacán envió como propuesta el pasado viernes, la autoridad tendrá que cuidar la ejecución y dispersión de los recursos que sean obtenidos por la enajenación de los bienes para no caer en irregularidades.
El diputado perredista y presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Antonio Martínez Soto, explicó que el Capítulo 1000 sólo se puede aumentar hasta 10% en una reasignación presupuestaria, sin que necesariamente pase por aprobación del Legislativo, pero si la cantidad excede, entonces sí tendría que solicitarse vía proyecto al Congreso.
Reconoció que si el monto obtenido de la venta de bienes es muy alto y se direcciona a un solo capítulo, el Ejecutivo sí tendría una observación que se puede subsanar con una reasignación presupuestaria del paquete económico estatal, pero también dijo que “los tiempos ya no dan para eso”.
En la iniciativa que entregó el Ejecutivo el pasado viernes no se plantea que la totalidad del ingreso por enajenación de bienes muebles e inmuebles sea destinado para el Capítulo 1000, agregó el diputado al mencionar que sí tiene atribución de hacerlo y que hasta el momento ni su comisión ni la de Hacienda y Crédito Público han recibido el documento de la Presidencia de Mesa Directiva para su valoración.
Sin embargo, aclaró que “por los tiempos, se debe tener una consideración porque la situación financiera del estado es crítica y lo que necesita es dinero y no legalidades. Lo urgente es desincorporar, rematar y vender los bienes para tener ingreso económico y pagar quincenas en el estado.
“Yo estimo que este tema pueda salir en estos días o en la primera parte del siguiente periodo ordinario de actividades”, el cual comienza el 15 de septiembre en el Poder Legislativo.
Por otra parte, el diputado por Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Fermín Bernabé Bahena, comentó que en principio el Ejecutivo debió apegarse a la ley y mandar la totalidad de los bienes que pretende desincorporar, lo que incluye un informe con la lista y detalles de las aeronaves a comercializar y después direccionar el recurso para temas delicados del estado.
“No podemos estar con que unos sí y otros no. Quizá de momento sólo se autoricen esos 10 predios (notificados en el proyecto de decreto) y después el resto de bienes, pero el gobierno debe completar el paquete para su debido análisis”. Adelantó que para ello podría definirse una sesión extraordinaria previo acuerdo de la Jucopo, la próxima semana.
La venta de los bienes debe ser direccionado para conceptos más vulnerables y delicados porque todo el presupuesto del Ejecutivo ya está etiquetado y (en el caso de las nóminas) deberá buscar una alternativa para evitar caer en una responsabilidad sancionatoria por desvío
