Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).- El programa Escuelas al Cien le ha valido al gobierno de Michoacán tres recomendaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a irregularidades en el manejo de recursos federales.
De acuerdo a la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, en su primera entrega, las anomalías señaladas van relacionadas, principalmente, a los procesos que llevó a cabo el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM) en el manejo del recurso de dicho programa enfocado a mejorar las escuelas.
El dinero de este programa es para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento y gastos de ejecución para obras de infraestructura física educativa.
De las seis recomendaciones emitidas al estado (con fecha de junio de 2021), por el manejo de recursos federalizados durante el año pasado, la mitad corresponden a este programa, cuyo recurso ascendió a 179 millones 322 mil pesos.
Escuelas al Cien fue el programa en el que más observaciones para Michoacán encontró el órgano fiscalizador federal. Tras el análisis de 10 aspectos del manejo del programa en el estado, en 6 se detectaron irregularidades, pero las anomalías de uno de ellos fueron aclaradas por el gobierno estatal. De los 5 restantes, la ASF emitió tres recomendaciones y dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Además, el órgano fiscalizador observó que hubo deficiencias en procesos de control interno, dado que Michoacán obtuvo en la evaluación un promedio general de 67 puntos de un total de 100, lo que ubicó al IIFEEM en un nivel medio. La ASF determinó que el instituto “contribuyó de manera marginal a la mejora continua de los sistemas de control interno”.
Ante ello, se emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, es decir, un llamado a la Secretaría de Contraloría de Michoacán para que investigue, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo por las irregularidades de los funcionarios no aplicaron las medidas necesarias para el reforzamiento del control interno en los programas acordados con la Auditoría en las cuentas públicas 2018 y 2019.
Respecto al manejo de recursos, hubo atrasos en los pagos. El IIFEEM se tardó de 14 a 165 días para hacer 23 de ellos, aun cuando ya se tenían los recursos por parte del Fideicomiso 2242 de Banobras.
Ante ello, la ASF emitió una segunda Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la contraloría investigue y, en su caso, sancione a los involucrados.
Por otra parte, la Auditoría da cuenta de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) verificó que 295 comprobantes fiscales emitidos por un monto de 126 millones 371 mil pesos estuvieron sin irregularidades, pero un comprobante por 202 mil pesos se canceló y se reexpidió después del pago.
Por dicho movimiento, el órgano fiscalizador hizo una recomendación al IIFEEM, pidiendo que instrumente mecanismos de control para verificar, antes del cierre de cada ejercicio fiscal, la vigencia de los comprobantes fiscales emitidos en la página del SAT.
En la misma recomendación pide al gobierno estatal que añada a su manual de procedimientos esta actividad, con la identificación de las áreas responsables.
Se deberán monitorear 16 mdp disponibles
La ASF hizo una segunda recomendación para que el IIFEEM elabore un programa para el ejercicio de los recursos disponibles del programa Escuelas al CIEN al 31 de diciembre de 2020, con el propósito de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y así garantizar que se enfoquen a los objetivos del programa.
Al 31 de diciembre del año pasado, había recurso aún no aplicado. La cantidad disponible, de acuerdo a la Auditoría, era de 16 millones 870 mil pesos, cuyo origen fue recursos no pagados del programa Escuelas al CIEN 2020, rendimientos financieros que no fueron ejercidos, devoluciones y un monto disponible al 31 de diciembre de 2019.
Por otra parte, el IIFEEM no acreditó las acciones solicitadas en años pasados para agilizar los procesos de contratación, ejecución de obra, integración de expedientes, ni los trámites para la solicitud y pago de los recursos para proyectos.
Ello llevó a que se emitiera una tercera recomendación, pidiendo que se elabore un programa de trabajo con responsables y fechas perentorias para agilizar los procesos pendientes.
También se solicitó a la administración estatal que informe de manera trimestral a la Contraloría de Michoacán sobre los avances en la aplicación de esos recursos.
En el reciente informe, la ASF puntualiza que de los 179 millones 322 mil pesos con que contó el programa, se pudieron auditar 132 millones 825 mil pesos, es decir, el 74.1% del recurso que manejó el estado para Escuelas al Cien.
También se examinó el manejo de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores por 13 millones 195 mil pesos, se verificó el ejercicio de 5 millones 850 mil pesos.
Dicho informe, de acuerdo a la ASF, se haría llegar de manera formal al gobierno estatal para que en para que en un plazo de 30 días, presente la información y se confirmen, aclaren o modifiquen los señalamientos de la ASF.
