Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- En la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, se ha denunciado el asesinato de por lo menos 37 indígenas nahuas y seis más se encuentran en calidad de desaparecidos por el conflicto agrario que mantienen desde hace 17 años, por lo que ya se piensa en acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) aseguraron este martes que respaldan con sus 60 comunidades a los habitantes de esta población, con la meta de que la intervención que solicitaron a la Suprema Corte de Justicia del a Nación (SCJN) sea tomada en cuenta con más interés.
La violencia que ha suscitado la demanda de tres mil hectáreas de la Sierra Costa de Michoacán por parte de la comunidad náhuatl se ha visto reflejada en 37 comuneros muertos y seis desaparecidos, por lo que la SCJN debe atraer el caso y resolverlo, informó en conferencia de prensa Raymundo Ortiz Martín del Campo, abogado de la comunidad
El conflicto atañe no solo a los comuneros, sino a intereses del crimen organizado, ya que Federico González, conocido como “El Nico”, es el principal opositor y ejerce presión sobre los indígenas, con la pretensión de hacerse de las tierras que por derecho corresponden a las más de 300 familias que ahí habitan, explicó Raymundo Ortiz.
El pasado 21 de junio, el equipo jurídico de los comuneros presentó una petición ante el máximo órgano judicial del país, luego de la resolución que diera el Tribunal Unitario Agrario número 38 del estado de Colima, quien le negó a la comunidad la propiedad del predio. Sin embargo, desde esa fecha hasta ahora, no se ha tenido ninguna respuesta por parte de la Corte.
El apoyo brindado por las comunidades purépechas, refirió el litigante, pese a ser de otro grupo étnico, está unido por la hermandad y el despojo del que han sido objeto durante siglos los indígenas.
Asimismo, dijo que de no recibir una respuesta por parte de la Suprema Corte, los representantes jurídicos no descartan presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención, ya que los atropellos judiciales de los que han sido objeto dejan de lado los derechos de las comunidades indígenas.