MORELIA, Michoacán.-(OEM-Infomex).- No hay pretexto para defender la producción de productos dañinos con el medio ambiente solo por intereses personales o económicos, sentenció el secretario del Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial de Michoacán (Semaccdet), Ricardo Luna García, al defender el paquete de iniciativas que el gobierno estatal turnó al Congreso local desde marzo de 2019, entre las que destacan la prohibición de plásticos de un solo uso.
Lo anterior, luego de que integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Morelia, consideraran que eliminar el uso de materiales de plástico y unicel no tendría ningún impacto real para erradicar sus efectos para el medio ambiente, lo cual, dejaría sin empleo a tres mil 500 michoacanos por el cierre de compañías dedicadas a esta industria.
De ahí que, Luna García criticara que los diputados locales “no estén haciendo su tarea” en materia legislativa, toda vez que la iniciativa para prohibir plásticos de un solo uso y regular materiales de agroplásticos, neumáticos, aeronáuticos y hospitalarios tiene 10 meses rezagada en el Congreso local, limitando incluso que Michoacán se convirtiera en la primera entidad del país en legislar sobre tales materiales.
“El unicel es un material que no se degrada, tarda cientos de años y no es posible porque algunos por un interés personal o económico estén produciendo material que afecta al entorno y por el contrario, hay otras empresas que ya están sustituyendo los popotes comunes con hueso de aguacate”, ejemplificó el funcionario.
Además de tales reformas, el paquete de propuestas ambientales realizadas por el gobierno estatal también prevé regularizar los cañones antigranizo para obligar al usuario a tramitar la manifestación de impacto ambiental, el pago por servicios ambientales para implementar el precepto de “quien contamina paga”, y reglamentar el uso de la materia prima (tierra de monte y de hoja en viveros).
Sin embargo y pese a que dicho paquete de iniciativas ya estaba dictaminado por la comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, debido a errores en el procedimiento de dictaminación, tendría que ser pospuesto hasta el mes de febrero cuando retomen los trabajos del segundo periodo legislativo correspondiente al segundo año de la LXXIV Legislatura.
Errores que según la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Lucila Martínez Manríquez, refieren a que el dictamen no fue turnado a la comisión de Hacienda y Deuda Pública para su revisión, pese a que era necesario ante la propuesta de que los organismos operadores de agua potable en municipios con población mayor a 100 mil habitantes, tuvieran que aportar un 3.5 por ciento de sus ingresos para el resarcimiento de bosques y selvas de la entidad.
En ese tenor y por cuanto a la intención de la Canacintra de proponer que la separación de residuos domésticos sea obligatoria, el titular de la Semaccdet anunció que este jueves el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dará arranque a un proyecto de transformación de basura cero, la cual consiste en adquirir cerca de 40 camiones de basura e instalar una planta clasificadora y separadora de desechos.
Detalló que dicho proyecto se llevará a los municipios de Zamora, Jacona y La Piedad, informando que en Huandacareo ya se instaló una planta clasificadora y separadora de basura, por lo que insistió que “no es un pretexto que deben agarrar estas personas para justificar la producción de material que afecta el medio ambiente”.
LISTO, IMPUESTO POR EXTRACCIÓN DE MATERIALES
Una vez que, de los siete nuevos impuestos que el gobierno estatal pretendía cobrar en este 2020, sólo sobrevivió el relativo a la remediación ambiental por la extracción de minerales, la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán ya tiene disponible en su portal oficial el formato de pago para quienes hacen uso de materiales pétreos como la arcilla, arena, caliza, cantera, grava, rocas y caolín, entre otros.
Impuesto que según la Ley de Ingresos del Estado 2020 aprobada la madrugada del pasado 31 de diciembre del 2019 tiene un monto de estimación relativo a los 50 millones de pesos anuales, esto, aún cuando mismos integrantes de la Asociación de Industriales de Michoacán manifestaron su rechazo a este y el resto de gravámenes ecológicos, advirtiendo incluso un rompimiento con el gobierno estatal.
