/ lunes 28 de marzo de 2022

¿Protección a periodistas? Más de lo mismo (parte I)

La violencia contra periodistas en Michoacán no inició con el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla. No es nueva, como tampoco las propuestas para erradicarla que han ofrecido actualmente las autoridades que siguen sin entender que no se requieren nuevas leyes sino cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

Desde hace 10 años, ya se formulaban desde el Congreso local una serie de iniciativas de ley para la protección de periodistas en Michoacán. Las propuestas respondían más a una obligación de adecuar la legislación local a las nuevas disposiciones federales contenidas en la Ley para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012.

La Legislación federal estaba orientada exclusivamente a establecer un protocolo de protección a los periodistas que estuvieran amenazados por el ejercicio de su profesión pero olvidaba aspectos clave para garantizar plenamente su derecho a la libertad de expresión y derecho a la información como abatir la impunidad. Tan solo en los primeros tres años del presente sexenio federal, el 90 por ciento de los casos de homicidios cometidos contra periodistas han quedado sin resolver.

En marzo del 2013, la entonces diputada Cristina Portillo Ayala presentó ante la LXXII Legislatura estatal una iniciativa de Ley de Protección a las y los Periodistas del Estado de Michoacán que contemplaba aspectos tan absurdos como brindarles a los comunicadores vehículos blindados, chalecos antibalas a los reporteros que cubrieran “situaciones de riesgo”, seguros de vida, escoltas y reubicación temporal de sus domicilios, entre otros. Además se planteaba una reforma al Código Penal para que los delitos cometidos contra periodistas tuvieran una sanción más severa y al Código de Procedimientos Penales para establecer la obligación de abrir líneas de investigación cuando se tratara de una agresión a un comunicador. Incluso establecía el reconocimiento al “secreto profesional del periodista”.

Pero también proponía la creación de un organismo constitucional autónomo o un mecanismo de coordinación gubernamental encargado de garantizar el derecho a la seguridad y la integridad de los periodistas. Incluso planteaba la creación de un Fondo de Apoyo a Periodistas con recursos aportados por el Estado.

Se organizaron “foros de consulta” en diversas regiones –Morelia, Pátzcuaro, Zamora, La Piedad- e incluso un Taller de los derechos de los periodistas impartido el 28 de octubre de 2013 en coordinación con el Gobierno del Estado en el cual ofrecieron capacitación sobre temas de autoprotección, el marco jurídico que rige el ejercicio periodístico y un diagnóstico sobre la situación laboral de los comunicadores.

En estas acciones para garantizar la seguridad de los periodistas también participó activamente el Gobierno del Estado. El 8 de enero de 2014 la Procuraduría General de Justicia del Estado, en ese entonces encabezada por Marco Vinicio Aguilera, firmaba un convenio con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), adscrita a la Procuraduría General de la República para establecer el compromiso de colaboración entre ambas instituciones para agilizar y resolver las averiguaciones sobre agresiones cometidas contra comunicadores en el ejercicio de su profesión. En aquel entonces exponían el interés de implementar un “Sistema de Alerta Temprana” para salvaguardar el derecho a la libertad de expresión.

De igual forma esta medida tampoco era novedosa. Ya desde 2007 el Estado mexicano había adquirido el compromiso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos de estudiar las medidas para atraer al ámbito federal los delitos cometidos contra periodistas, así como fortalecer a la entonces recién creada –por Acuerdo de la PGR en 2006- Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (y reestructurada en julio de 2010 en la actual FEADLE).

Pero tendrían que pasar cuatro años para que nuevamente un legislador se “interesara” en el tema de la protección a periodistas. El diputado priísta, Wilfrido Lázaro Medina, presentaba en mayo de 2018 la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Michoacán –y publicada el POE el 14/08/2018- que tenía el objetivo principal de generar un mecanismo de protección de derechos humanos. Establecía la operatividad de los Mecanismos de Prevención y Protección, el establecimiento de un Consejo Consultivo y la implementación de aspectos totalmente ajenos al tema central como el otorgamiento de créditos para vivienda, financiamiento para “garantizar la viabilidad empresarial” de los medios de comunicación e incluso otras francamente absurdas como “la integración (de los periodistas) a actividades sociales, culturales deportivas y recreativas”.

Pero todo siguió igual.

La violencia contra periodistas en Michoacán no inició con el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla. No es nueva, como tampoco las propuestas para erradicarla que han ofrecido actualmente las autoridades que siguen sin entender que no se requieren nuevas leyes sino cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

Desde hace 10 años, ya se formulaban desde el Congreso local una serie de iniciativas de ley para la protección de periodistas en Michoacán. Las propuestas respondían más a una obligación de adecuar la legislación local a las nuevas disposiciones federales contenidas en la Ley para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012.

La Legislación federal estaba orientada exclusivamente a establecer un protocolo de protección a los periodistas que estuvieran amenazados por el ejercicio de su profesión pero olvidaba aspectos clave para garantizar plenamente su derecho a la libertad de expresión y derecho a la información como abatir la impunidad. Tan solo en los primeros tres años del presente sexenio federal, el 90 por ciento de los casos de homicidios cometidos contra periodistas han quedado sin resolver.

En marzo del 2013, la entonces diputada Cristina Portillo Ayala presentó ante la LXXII Legislatura estatal una iniciativa de Ley de Protección a las y los Periodistas del Estado de Michoacán que contemplaba aspectos tan absurdos como brindarles a los comunicadores vehículos blindados, chalecos antibalas a los reporteros que cubrieran “situaciones de riesgo”, seguros de vida, escoltas y reubicación temporal de sus domicilios, entre otros. Además se planteaba una reforma al Código Penal para que los delitos cometidos contra periodistas tuvieran una sanción más severa y al Código de Procedimientos Penales para establecer la obligación de abrir líneas de investigación cuando se tratara de una agresión a un comunicador. Incluso establecía el reconocimiento al “secreto profesional del periodista”.

Pero también proponía la creación de un organismo constitucional autónomo o un mecanismo de coordinación gubernamental encargado de garantizar el derecho a la seguridad y la integridad de los periodistas. Incluso planteaba la creación de un Fondo de Apoyo a Periodistas con recursos aportados por el Estado.

Se organizaron “foros de consulta” en diversas regiones –Morelia, Pátzcuaro, Zamora, La Piedad- e incluso un Taller de los derechos de los periodistas impartido el 28 de octubre de 2013 en coordinación con el Gobierno del Estado en el cual ofrecieron capacitación sobre temas de autoprotección, el marco jurídico que rige el ejercicio periodístico y un diagnóstico sobre la situación laboral de los comunicadores.

En estas acciones para garantizar la seguridad de los periodistas también participó activamente el Gobierno del Estado. El 8 de enero de 2014 la Procuraduría General de Justicia del Estado, en ese entonces encabezada por Marco Vinicio Aguilera, firmaba un convenio con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), adscrita a la Procuraduría General de la República para establecer el compromiso de colaboración entre ambas instituciones para agilizar y resolver las averiguaciones sobre agresiones cometidas contra comunicadores en el ejercicio de su profesión. En aquel entonces exponían el interés de implementar un “Sistema de Alerta Temprana” para salvaguardar el derecho a la libertad de expresión.

De igual forma esta medida tampoco era novedosa. Ya desde 2007 el Estado mexicano había adquirido el compromiso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos de estudiar las medidas para atraer al ámbito federal los delitos cometidos contra periodistas, así como fortalecer a la entonces recién creada –por Acuerdo de la PGR en 2006- Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (y reestructurada en julio de 2010 en la actual FEADLE).

Pero tendrían que pasar cuatro años para que nuevamente un legislador se “interesara” en el tema de la protección a periodistas. El diputado priísta, Wilfrido Lázaro Medina, presentaba en mayo de 2018 la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Michoacán –y publicada el POE el 14/08/2018- que tenía el objetivo principal de generar un mecanismo de protección de derechos humanos. Establecía la operatividad de los Mecanismos de Prevención y Protección, el establecimiento de un Consejo Consultivo y la implementación de aspectos totalmente ajenos al tema central como el otorgamiento de créditos para vivienda, financiamiento para “garantizar la viabilidad empresarial” de los medios de comunicación e incluso otras francamente absurdas como “la integración (de los periodistas) a actividades sociales, culturales deportivas y recreativas”.

Pero todo siguió igual.