La crisis hídrica que enfrenta nuestro país y el mundo tiene su origen en el desarrollo capitalista que ha provocado cambios severos a los ciclos naturales del planeta, lo que ha originado el cambio climático y la presencia de sequías cada vez más intensas y prolongadas, esta situación se ve agravada por el acaparamiento privatización del agua a manos de empresas y transnacionales, quiénes extraen el agua para incrementar sus ganancias, y con ello provocando escasez de agua para el consumo humano.
Este modelo irracional de privatización del agua, ha provocado el acaparamiento de esta en unas cuantas manos y ha condenado a la mayoría de la población de nuestro país a un limitado o nulo acceso al agua.
En México el 80 por ciento de la población vive zonas de alto y muy alto estrés hídrico, el 31 por ciento no tiene agua disponible cuando la necesita, el 57 por ciento recibe el agua contaminada y el 55 por ciento carece de servicios de saneamiento de agua administrados de forma segura.
El agua es fundamental para la vida, no contar con un acceso suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible, pone en riesgo a la población, e incrementa la vulnerabilidad de misma ante la pandemia de COVID-19, ya que una de las medidas recomendadas para evitar los contagios es el lavado frecuente de manos.
Mientras existen compatriotas que no cuentan ni con 100 litros de agua al día en nuestro país, existen de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2 mil 676 empresas que acaparan 35 mil 829 millones de metros cúbicos al año y mil 533 personas físicas que acaparan 2 mil 644 millones de metros cúbicos al año.
Esta desigual distribución del agua, el acaparamiento y privatización de la misma, así como la sobre explotación de las cuencas y acuíferos, y la contaminación, son el resultado de las políticas de los gobiernos neoliberales, no es un hecho casual ni accidental, esta situación debe ser revertida de forma urgente, para lo cual es necesario crear una nueva Ley de Aguas Nacionales que priorice el derecho humano al agua, que acabe con el acaparamiento, que democratice su administración tanto en la explotación y mantenimiento de cuencas y acuíferos, como en el suministro de agua para consumo doméstico, agrícola, comercial e industrial, y que establezca planes de manejo de cuencas y acuíferos para asegurar su sustentabilidad para las generaciones presentes y futuras.
Garantizar el derecho humano al agua es fundamental para un pleno disfrute de la vida y el bienestar de las personas, y esto debe ser un deber irrenunciable de la Cuarta Transformación.
